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Trump y sus partidarios políticos han criticado a los líderes republicanos y a los funcionarios electorales en Georgia y Arizona por certificar a Biden
Jocelyn Benson, la principal funcionaria electoral de Michigan, acababa de colgar los adornos navideños con su hijo pequeño la noche del sábado cuando una multitud que exigía que se revertiera el resultado de las elecciones presidenciales se congregó frente a su casa para denunciarla como "traidora" y una "criminal".
Los manifestantes, algunos armados y con pancartas que decían "Detengan el robo", se agruparon en la acera frente a la casa de Benson en Detroit mientras agentes de seguridad y de policía miraban, mostró un video transmitido en vivo en Facebook por uno de los participantes.
"A través de amenazas de violencia, intimidación y acoso, personas armadas afuera de mi casa y sus aliados políticos buscan socavar y silenciar la voluntad y las voces de todos los votantes en este estado", dijo Benson, secretaria de Estado de Michigan en un comunicado emitido el domingo.
El incidente es el más reciente en lo que autoridades electorales de los Estados Unidos describen como una ola de intimidación, acoso y amenazas directas tras las elecciones del 3 de noviembre, que las que el presidente republicano Donald Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.
Trump ha hecho afirmaciones infundadas de fraude electoral y está intentando -sin lograrlo- revertir la victoria de Biden, desafiando el resultado en los tribunales en varios estados y presionando a funcionarios estatales, legisladores y gobernadores para que descarten los resultados y simplemente declaren a Trump como el ganador.
Hasta ahora, los tribunales han rechazado esas solicitudes.
En las últimas semanas, los partidarios de Trump han vigilado las oficinas de los funcionarios electorales en Georgia, organizado protestas armadas en Arizona y dejado mensajes telefónicos amenazantes a funcionarios electorales en todo el país, produciendo una agitación política como ninguna otra en la historia moderna de Estados Unidos.
La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, declaró que las acusaciones de fraude infundadas y las amenazas posteriores contra los funcionarios electorales son "muy perjudiciales para nuestra democracia. Espero que no sea el fin de nuestra democracia".
"No podemos permitir que nuestros funcionarios electos vivan con miedo en todo momento cuando a alguien no le gusta cómo cree que ha realizado sus deberes laborales", dijo Nessel a Reuters.
Michigan, Arizona y Georgia se encontraban entre un puñado de estados péndulo que ganó Biden, lo que ayudó a asegurar su ventaja de 306 a 232 en el Colegio Electoral que seleccionará oficialmente al próximo presidente el 14 de diciembre.
Pero las amenazas no se han limitado a lugares donde la elección fue reñida. En Vermont, estado que ningún candidato presidencial republicano ha ganado desde 1988, los funcionarios electorales dijeron que recibieron un mensaje de voz amenazándolos con "ejecución por fusilamiento".
"Ningún servidor público debería sentirse amenazado o preocupado por su seguridad mientras realiza su trabajo", dijo a Reuters el secretario de Estado de Vermont, Jim Condos, demócrata.
"Las teorías de la conspiración y la retórica infundada que están siendo impulsadas por el presidente y su equipo de campaña realmente podrían inspirar algún comportamiento peligroso en algún lugar de este país. Empieza desde arriba y realmente necesita detenerse".
Un portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, señaló que "nadie debe participar en amenazas o violencia, y si eso ha sucedido, lo condenamos plenamente". Añadió que los propios abogados de la campaña habían sido "inundados con amenazas de partidarios izquierdistas de Biden" y que su información personal se había publicado en línea.
Trump y sus partidarios políticos han criticado a los líderes republicanos y a los funcionarios electorales en Georgia y Arizona por certificar a Biden como el ganador en sus estados.
El propio Trump ha descrito al secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, como un "enemigo del pueblo", y uno de sus abogados, Joe diGenova, dijo la semana pasada que el exjefe de ciberseguridad electoral de la administración debería ser "detenido al amanecer y fusilado" por defender públicamente a integridad de la elección.
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