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Nicanor Boluarte
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El operativo responde a una acusación formal contra una presunta red criminal que habría operado desde el interior del Gobierno
La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú ejecutaron un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja. De forma paralela, se interviene también la oficina del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Las acciones forman parte de la investigación fiscal conocida como Los Waykis en la Sombra.
El operativo responde a una acusación formal contra una presunta red criminal que habría operado desde el interior del Gobierno, con vínculos directos al entorno de Nicanor Boluarte. Según las autoridades, esta organización habría utilizado su influencia para controlar designaciones políticas y obtener beneficios económicos.
La diligencia en la residencia de Nicanor Boluarte se desarrolla con participación conjunta de personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional. El ingreso a la vivienda fue autorizado judicialmente en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.
Nicanor Boluarte es sindicado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y cobro de sobornos a cambio de cargos públicos. La Fiscalía sostiene que la red habría operado de manera estructurada, asignando funciones entre sus integrantes para facilitar nombramientos en diversas instituciones del Estado.
El caso ha generado gran atención pública debido a la cercanía del implicado con la jefa de Estado y a la presunta utilización de esa relación para obtener beneficios indebidos dentro de la administración gubernamental. Simultáneamente, se realizó un allanamiento a las oficinas del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
La diligencia se centraría en recabar documentación vinculada al proceso de designación de funcionarios en puestos clave del sector Interior, en el contexto de las presuntas interferencias políticas atribuidas a la red liderada por Nicanor Boluarte. Este hecho representa un punto de tensión institucional, considerando la jerarquía del cargo de Santiváñez y su rol actual en el Ejecutivo.
El Ministerio Público investiga a los involucrados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico. La imputación central es que los miembros de esta organización habrían concertado sus acciones para manipular designaciones públicas a cambio de pagos ilegales.
El caso Los Waykis en la Sombra se refiere a una presunta red informal que, según la acusación, utilizaba canales paralelos de poder para ejercer influencia en el aparato estatal. Esta práctica habría permitido asegurar el control de cargos estratégicos a través de procedimientos ajenos a la meritocracia. La investigación fiscal continúa su curso, y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el alcance de la presunta red y los funcionarios implicados en las diligencias.
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