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La Procuraduría General de la Nación, que interviene en el escándalo de la petrolera estatal, envió una propuesta al Congreso para aumentar las penas por corrupción para que lleguen hasta 25 años en prisión.
Los fiscales buscan reformas legales para que se acelere el proceso de arrestos para los sospechosos de corrupción y el de incautación de sus activos antes de que puedan ser escondidos. También quieren reducir los largos procesos de apelación.
Un multimillonario esquema de corrupción descubierto en Petrobras ha sacudido al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y amenaza con estancar aun más a la economía de Brasil.
La investigación ha llevado a que se acuse a decenas de ejecutivos de las mayores empresas de ingeniería del país y ha implicado a 47 políticos que supuestamente recibieron dinero, todos pertenecientes a la coalición de gobierno de Rousseff menos uno.
"Este caso ha enfurecido a Brasil pero no ha reducido la corrupción o la impunidad en el país", dijo el fiscal que lidera la investigación, Deltan Dallagnol, quien destacó que las propuestas buscan convertir la furia popular en cambios necesarios para el combate contra la corrupción.
De acuerdo a una estimación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en Brasil se pagan sobornos por US$62.000 millones al año, dos veces el presupuesto de salud y 2,5 veces el de educación.
El escándalo de Petrobras y la desaceleración económica fueron los aglutinantes para que 1 millón de personas salieran a las calles a protestar el domingo en varias ciudades de Brasil.
El plan de la procuraduría también busca que los partidos políticos sean responsables por los actos de corrupción, excluyéndolos de las selecciones si se prueba que sus miembros son culpables.
El lunes, Dallagnol y su equipo acusaron por corrupción al tesorero del Partido de los Trabajadores por solicitar donaciones de ejecutivos acusados de canalizar dinero de contratos de Petrobras a políticos.
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