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El efecto de la inflación ha hecho que los precios de los productos finales no disminuyan al mismo ritmo que el precio de los commodities
Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), alertó sobre la creciente crisis alimentaria a nivel global.
Como se recuerda, a inicios del 2022, el mundo experimentó un shock en los precios de los alimentos por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, principales exportadores de granos como maíz, trigo y soya; así como de fertilizantes como la urea, cuyo uso es intensivo en la agricultura a nivel mundial.
“Solo cinco países exportan 85% de los cereales. Cualquier cosa que le pase a estos países se va a reflejar en precios. Eso nos hace muy vulnerables. La solución es aumentar la cantidad de países exportadores y evitar políticas de restricción de exportaciones”, explica Torero en el marco de XXXIV Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (Cies).
Casi dos años más tarde, buena parte de este efecto ya se ha normalizado. “A pesar de las sanciones, Rusia logra exportar más que antes de la guerra, lo cual ha estabilizado el precio de los fertilizantes”, indica Torero.
Sin embargo, el persistente efecto de la inflación en múltiples regiones del mundo ha hecho que los precios de los productos finales no disminuyan al mismo ritmo que el precio de los commodities, limitando el acceso a la nutrición en áreas vulnerables del mundo, como el continente africano y América Latina.
“Los productos finales no bajan a la velocidad que bajan los commodities, hay mucha resistencia a que esto caiga, depende mucho de la movilidad de los mercados y lo que suceda con el precio del petróleo si escala la guerra entre Israel y Gaza. Para los consumidores finales la situación sigue siendo bastante fuerte. Los países importadores netos tienen un incremento en el precio del producto final lo cual lleva a que el costo de importación de los alimentos se incremente a niveles históricamente altos”, alerta Torero.
De continuarse esta tendencia, el estimado de la FAO es que en siete años, hacia el 2030, 600 millones de personas a nivel mundial se encuentren en situación de hambruna.
Las proyecciones muestran que 119 millones más de personas se enfrentarán al hambre en 2030 en comparación con un escenario en el que no se hubiera producido la pandemia. Esta cifra es alrededor de 23 millones más de lo que hubiera sucedido en un escenario en el que la guerra entre Rusia y Ucrania no hubiera ocurrido. Además, “el costo de acceso a una dieta saludable en Latinoamérica es el más alto del mundo”, añadió Torero.
Perú no es la excepción a esta alarmante situación. Hace pocas semanas se reveló que el país retrocedió en el Índice Global del Hambre, elaborado por las organizaciones Helvetas Perú, Ayuda en Acción, Cesvi y Welt Hunger Life (WHH). Este reporte mostró severas diferencias a nivel departamental.
Solo dos departamentos (Ica y Lambayeque) se ubicaron en la categoría de menor gravedad del ranking. Trece departamentos se encontraron en la escala “moderada”. Otros diez departamentos, ubicados predominantemente en la sierra central, sur y selva norte fueron diagnosticados en una situación “grave”. De las regiones en condición grave, hay dos que están cerca de pasar a la categoría “alarmante”: Apurímac y Huancavelica.
Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), alertó que el crecimiento de la pobreza a partir de la pandemia ha frustrado el acceso a la alimentación en el Perú.
Explicó que es el resultado de situación compleja pospandemia, alta inflación y deterioro del mercado laboral, sumado a una falta de dirección de parte de las políticas estatales.
“En el 2012, cuando la pobreza en el Perú era de 26%, a niveles similares de hoy en día, se preguntó a la gente en una encuesta de opinión en el marco del Barómetro de las Américas, si por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses sus hogares se quedaron sin alimentos. El 17% de la población dijo que sí. Esa misma pregunta se hizo en setiembre de 2022, y fue 44% de las personas. Repetimos la pregunta en marzo del 2023 y creció a 46%. Ahora en setiembre del 2023, 57% dijo que sí”, explica Trivelli.
A diferencia de otros países, donde el problema es de escasez de alimentos, en el Perú la restricción está en el acceso económico a los mismos.
Como resultado, 70% de los encuestados señalaron que tuvieron que reducir su consumo de alimentos en los últimos tres meses. “Las familias tienen que ajustarse, la cantidad y calidad. Buscan nuevas fuentes de ingresos y se organizan y generan soluciones comunitarias como la explosión de ollas comunes que hemos visto en los últimos años”, indicó Trivelli.
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