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El consejo de supervisión independiente de Meta (antes Facebook), incluye a académicos, expertos en derecho y abogados
El propietario de Facebook, Meta Platforms, no debe permitir que usuarios compartan información residencial privada de las personas en sus plataformas, incluso cuando esté disponible públicamente, dijo la junta de supervisión de la compañía en su primera opinión sobre políticas de la empresa.
El consejo también recomendó a Meta que cree un canal de comunicación para que las víctimas del llamado "doxxing" puedan explicar mejor sus casos a la empresa.
El "doxxing" es la divulgación pública de información sensible que identifica a una persona u organización, como una dirección o un número de teléfono, lo que puede dar lugar a acoso o persecución.
Famosos y particulares se han visto afectados por la difusión de este tipo de información, que plantea cuestiones en torno a la privacidad, el interés público y el activismo cívico.
En un caso reciente de gran repercusión, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, acusó a activistas trans de divulgar su información privada al publicar una foto de su casa en Twitter.
El consejo de supervisión independiente de Meta, que incluye a académicos, expertos en derecho y abogados, fue creado por la empresa para dictaminar sobre una pequeña parte de los espinosos recursos de moderación de contenidos, pero también puede asesorar sobre las políticas del sitio.
El año pasado, Meta solicitó a la junta un dictamen consultivo sobre las políticas en relación con el momento en que pueden publicarse en Facebook e Instagram las direcciones residenciales e imágenes privadas.
Las normas actuales de la empresa dicen que los usuarios no deben compartir "información personal identificable sobre uno mismo o sobre otros", pero Meta puede permitir que se publique contenido como la dirección de una persona si se considera "públicamente disponible".
Es la primera vez que la junta de supervisión de Meta responde a una solicitud de opinión consultiva sobre políticas no relacionada con un caso concreto. La empresa tiene 60 días para atender públicamente el asunto.
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