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El gobierno mexicano ha concedido asilo a varios exfuncionarios del gobierno de la década de Correa, con argumentos de persecución política
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, condenado a prisión en dos casos de corrupción, pidió asilo al gobierno mexicano argumentando una persecución política por parte de la fiscalía del país, dijo el viernes su abogado. Glas, quien fue vicepresidente en el gobierno izquierdista de Rafael Correa entre 2013 y 2017, se encuentra desde el fin de semana en el interior de la embajada de México en Quito en calidad de "huésped".
La Fiscalía General había solicitado a Glas reunirse con ellos sobre un caso relacionado con fondos públicos recaudados para ayudar a la reconstrucción de la provincia costera de Manabí después de un terremoto en 2016.
"Hay una persecución política desde el año 2017 escalada últimamente por la Fiscal General del Estado que arbitrariamente pretende procesar y detener a Jorge Glas, siendo él una persona inocente", dijo a Reuters por teléfono el abogado Eduardo Franco Loor, confirmando que Glas solicitó asilo el miércoles. "Existe un odio político tremendo".
El gobierno mexicano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Glas, de 54 años, fue condenado en 2017 a seis años de cárcel luego de que la justicia del país lo declarara culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de otorgar contratos estatales a la firma.
También fue condenado en 2020 a 8 años en un caso, donde también fue sentenciado Correa, por utilizar dinero de contratistas para financiar campañas electorales del movimiento político del expresidente de izquierda. Glas ha sido encarcelado y liberado repetidamente. Fue liberado por última vez en noviembre de 2022 después de cumplir cinco años de sentencia. Aunque puede circular libremente dentro de Ecuador, no puede salir del país durante el resto de sus condenas.
La Asamblea Nacional no autorizó el jueves el enjuiciamiento penal de Glas por el caso de la reconstrucción, pero la fiscalía dijo que insistirá en formular cargos en su contra por ese caso.
El gobierno ha dicho que "resulta jurídicamente evidente" que no sería lícita la concesión de asilo diplomático, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que argumenta que no se puede conceder asilo a personas procesadas o condenadas por delitos en tribunales penales.
El gobierno mexicano ha concedido asilo a varios exfuncionarios del gobierno de una década de Correa, quienes han argumentando persecución política.
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