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Los distribuidores fueron acusados de controles laxos que permitieron el desvío de cantidades masivas de analgésicos adictivos
Un grupo de fiscales generales estatales dio a conocer el miércoles un acuerdo histórico de US$26.000 millones para resolver acusaciones de que los tres mayores distribuidores de medicamentos de Estados Unidos y Johnson & Johnson ayudaron a alimentar una crisis de adicción a los opioides en todo el país.
Según la propuesta de acuerdo, los distribuidores McKesson Corp, Cardinal Health Inc y AmerisourceBergen Corp deberán pagar un total de 21.000 millones de dólares, mientras que Johnson & Johnson pagará US$5.000 millones.
El dinero de los distribuidores se pagará en los próximos 18 años. J&J pagará a lo largo de nueve años, con hasta US$3.700 millones en los tres primeros años.
Los distribuidores fueron acusados de controles laxos que permitieron el desvío de cantidades masivas de analgésicos adictivos a canales ilegales, devastando comunidades, mientras que J&J fue acusada de minimizar el riesgo de adicción en la comercialización de opioides.
Las empresas han negado las acusaciones.
El acuerdo también exige la creación de un centro de intercambio de información que proporcione a los tres distribuidores y reguladores estatales datos agregados sobre el destino de los fármacos, una herramienta que los negociadores esperan que ayude a reducir el sobreenvío de pastillas.
La cantidad final que las empresas tienen que pagar dependerá de la medida en que los estados se adhieran al acuerdo y confirmen que sus ciudades y condados están de acuerdo.
La crisis de los opiáceos es responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 1999, pero ha afectado a algunas regiones mucho más que a otras, lo que ha creado divisiones entre los gobiernos estatales a la hora de evaluar el acuerdo.
Al menos 44 estados deben firmar el acuerdo para recibir parte del dinero, y los negociadores esperan reunir más apoyos, dijo una persona familiarizada con el asunto.
En su anterior plan trienal, el grupo controlado por el Estado italiano había previsto unos gastos de capital por valor de 43.000 millones de euros (IUS$50.731 millones)
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