España logra superar en los gastos sociales a Alemania, Canadá, Dinamarca y Japón

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España es uno de los países desarrollados más rezagados en la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia, algo que, según los expertos, no sucederá probablemente hasta 2024; sin embargo, se encuentra en el pelotón de cabeza de las economías que más han disparado su gasto público social en los últimos años. Esa dicotomía se traduce en un incremento de la deuda pública, que en noviembre pasado marcó récord histórico por encima de US$1,63 billones (a pesar de que su peso sobre el PIB se moderó al 115,9% por el repunte económico) y en el desequilibrio entre ingresos y gastos.

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El año pasado, el gasto público social en España se situó en 28,1% del PIB (alrededor de US$380.026 millones), el sexto más alto entre los 38 países que integran la Ocde, según las estimaciones publicadas ayer por el club de las economías más desarrolladas del planeta. Unos ingentes recursos destinados a pensiones, sanidad, funcionarios, prestaciones por desempleo o planes anticrisis, primero por la pandemia del Covid y ahora por la guerra en Ucrania.

Con ese porcentaje, el gasto social en España se situó en 2022 siete puntos por encima del promedio de la Ocde (21,1%) y superó al de países con sólidos Estados de bienestar como Alemania (26,7% del PIB), Dinamarca (26,2%), Canadá (25,5%) o Japón (24,8%).

Lideraron el ránking Francia, cuyo gasto en servicios públicos alcanzó 31,6% del PIB y que ahora afronta una fuerte contestación social por su reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación a los 64 años; e Italia, que destinó 30,1% de su producto interior bruto al gasto social. Les siguieron Austria, con 29,4%, y Finlandia y Bélgica, ambos países con el 29%.

Salto cuantitativo

En 2019, antes de que el Covid provocara un terremoto en la economía mundial y obligara a los gobiernos a desplegar un escudo económico y social sin precedentes, el gasto social en España se situaba en 24,6% del PIB, 4,5 puntos por encima de la media de la Ocde, pero inferior al de países como Alemania (25,6%) o Dinamarca (28,4%). La pandemia catapultó esas cifras hasta cotas inéditas, elevando la ratio española hasta 31,2% en 2020; esto es, 6,6 puntos en apenas un año, la segunda mayor subida tras la registrada por Canadá, que pasó del 18,6% al 25,5% (6,9 puntos).

Aunque el desplome de la economía por la crisis del Covid tuvo que ver en ese fuerte salto cuantitativo en la ratio de gasto sobre PIB, la Ocde matiza que "más del 80%" de ese incremento se debió al fuerte impulso del gasto y no al varapalo sufrido por la economía, que en el caso de España fue finalmente una contracción del 11,3%.

Al igual que en el resto de países, en España la ratio de gasto sobre PIB se relajó 29,5% en 2021 y 28,1% en 2022, gracias a la remontada económica, que hizo bajar el peso relativo del gasto, pero también al descenso de los capítulos relacionados con el Covid, como los servicios sanitarios, las prestaciones por desempleo o los Erte, que llegaron a afectar a más de 3,6 millones de trabajadores en los momentos álgidos de la pandemia y que en octubre pasado apenas superaban los 30.000.

Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista han impedido una mayor reducción de esa ratio, al forzar a los Estados a extender de nuevo una red de seguridad vía subsidios, bajadas puntuales de impuestos y otro tipo de ayudas, para combatir el zarpazo de los precios y de los costes energéticos.

Pero el problema va más allá del aumento coyuntural de los gastos provocado por la nueva crisis, ya que parte importante de ese incremento ha venido para quedarse, haciéndose estructural en ámbitos como las pensiones y el sistema sanitario, de hecho los dos mayores capítulos de gasto público social.

En promedio, el gasto en pensiones en la Ocde representaba 7,7% del PIB en 2019 (últimos datos disponibles). Ya entonces España superaba con creces la media de los países desarrollados, con 11,3%, la séptima más alta de toda la Ocde. Esa ratio se ha elevado ya 11,7% en el promedio de los últimos doce meses, peso sobre el PIB que irá in crescendo en los próximos meses. Primero, porque la nómina de las pensiones no para de crecer por el aumento del número de beneficiarios. Y segundo, por la revalorización de las prestaciones con el IPC (8,5%), un alza que consolida en el gasto público y que, en un contexto de frenazo económico, disparará este año su peso sobre el PIB.