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Inversión del Gobierno de EE.UU. en empresas durante enero 2025
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Chips y minerales concentran 82% de las inversiones anunciadas, mientras la Casa Blanca también discute la creación de un fondo soberano
El Gobierno de Donald Trump quiere tener más peso en las decisiones de las empresas que considera esenciales para Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, su Administración ha anunciado más de 30 inversiones directas en compañías, por US$27.600 millones, según estimaciones del banco de inversión Jefferies.
La apuesta abarca fabricantes de chips, productores de minerales, empresas de energía y grupos de defensa. El objetivo es asegurar los materiales y la tecnología que necesita el país, en medio de la competencia con China.
Para hacerlo, Washington está entrando como accionista en compañías de sectores estratégicos.
Esto significa que el Gobierno puede convertirse en dueño de una parte de esas empresas. Según la participación y las condiciones de cada operación, esa posición puede darle capacidad para influir en decisiones importantes.
Entre las compañías mencionadas en el informe están Intel, Korea Zinc, USA Rare Earths, Lithium Americas, IBM y L3 Harris.
Los semiconductores concentran la mayor parte de la apuesta, con 46% del monto total. Son los pequeños componentes que permiten funcionar a computadores, teléfonos y otros equipos electrónicos. También resultan esenciales para desarrollar inteligencia artificial, una de las áreas en las que Estados Unidos busca mantener su liderazgo.
El segundo frente son los minerales críticos, que reúnen 36% de la inversión. Allí aparecen materiales como el litio, utilizado en baterías, y el wolframio, empleado en equipos industriales y de defensa. La preocupación de Washington es contar con un suministro seguro para fabricar productos que dependen de estos recursos.
Entre los chips y los minerales se concentra 82% de los recursos. El resto se distribuye entre computación cuántica, con 8%; energía, con 6%, y defensa, con 4%. La computación cuántica busca desarrollar equipos capaces de resolver ciertos problemas que serían muy difíciles para los computadores actuales.
Aunque la estrategia ha sido comparada con la de la Sepi, la entidad española que administra participaciones públicas en empresas, Estados Unidos todavía no tiene una organización única que reúna estas inversiones. Las operaciones están repartidas entre distintas entidades del Gobierno.
El Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, ha encabezado más de 20 de las operaciones, según el reporte. Una de las herramientas utilizadas es la Ley Chips de 2022, aprobada durante la presidencia de Joe Biden para apoyar la producción de semiconductores. Algunas transacciones convierten apoyos financieros públicos previamente concedidos en acciones de las compañías. La intervención también puede tomar otras formas.
“Trump busca que los recursos públicos destinados a empresas clave generen beneficios para el país. El objetivo es obtener un retorno para el contribuyente en lugar de regalar subvenciones”.
En US Steel, el Gobierno obtuvo en 2025 una “acción de oro” como condición para aprobar su compra por la japonesa Nippon Steel. Ese mecanismo le permite vetar determinadas decisiones estratégicas de la siderúrgica.
El giro amplía una política que ya venía tomando fuerza. Durante su primer mandato, Trump utilizó los aranceles para proteger industrias estadounidenses.
Biden mantuvo el apoyo a sectores considerados esenciales mediante subsidios y garantías. Ahora, la compra de participaciones agrega una vía más directa para intervenir en las empresas.
La Casa Blanca también abrió la discusión sobre la creación de un fondo soberano, un vehículo estatal para administrar inversiones. En febrero de 2025, Trump ordenó a Comercio y al Tesoro estudiar esa posibilidad.
Para las compañías, esta estrategia abre la puerta a recursos públicos y, para Washington, de ganar influencia sobre producción de chips y minerales.
España también ha reforzado su presencia en empresas que considera estratégicas, combinando la compra de acciones con controles a la inversión extranjera. El Gobierno de Pedro Sánchez tomó 10% de Telefónica para responder a la entrada del grupo saudí STC, adquirió una participación en Talgo y aumentó su presencia en Indra. Al mismo tiempo, ha utilizado un mecanismo conocido como “escudo antiopas”, que le permite bloquear o poner condiciones a compras de compañías en sectores sensibles.
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