El Parlamento deberá votar por el inicio del Brexit

Según los jueces de la High Court (juzgado de primera instancia) que han analizado el caso, la primera ministra Theresa May no puede arrogarse la “prerrogativa real”, que deja sin voto al Parlamento, para iniciar el proceso del Brexit en marzo de 2017.

Esta sentencia, que puede ser recurrida por el gobierno, podría tener dos consecuencias en el proceso. La primera, y más dramática, sería que una mayoría de diputados votara en contra de iniciar el Brexit.

Esto parece casi imposible, aunque casi dos tercios de los parlamentarios hicieron campaña en favor de la UE, ya que muchos de ellos quieren “respetar” lo decidido por los británicos en el referendo del pasado 23 de junio en que 52% apoyó el Brexit.

Posible retraso
La segunda consecuencia es que el proceso del Brexit se puede retrasar, ya que la votación para activar el artículo 50 deberá ser precedida de un debate sobre sus implicaciones y consecuencias.

En esta discusión, además, los parlamentarios podrían presionar a Downing Street para que negocie un “Brexit blando”, que permita a Reino Unido seguir teniendo acceso al mercado único y aceptando la llegada de trabajadores europeos.

Este posible retraso y las menores opciones de un “Brexit duro” explican la fuerte subida que experimenta la libra frente al euro y el dólar tras conocerse la sentencia. Si el gobierno opta por apelar, además, el Tribunal empezaría a analizar el recurso en diciembre y la sentencia podría conocerse en 2017.

La demanda fue presentada pocos días después del 23 de junio por Gina Miller, una ejecutiva de la City, y otros seis demandantes que cuestionan la autoridad del gobierno en este caso.

La decisión era un tema clave para la justicia británica y ha sido descrito como uno de los contenciosos constitucionales más relevantes en Reino Unido en las últimas décadas. No solo puede afectar al futuro del Brexit, sino también a la forma en que la justicia funciona en Reino Unido.

El Gobierno invoca en su defensa la llamada “prerrogativa real”, de origen medieval y que concede poderes al Ejecutivo bajo el amparo de la Corona. La existencia de este mecanismo permite que muchos asuntos no pasen por el Parlamento y los lleve en solitario el Ejecutivo. Gina Miller también asegura que el referendo no era vinculante, sino solo consultivo, y que esto exige una ratificación por parte del Parlamento. El Gobierno, por el contrario, considera que el mandato para utilizar la prerrogativa real ya lo dio el referendo, donde el Brexit ganó con el apoyo de 51,9% de los votos, frente a 48,1% que votó a favor de seguir en Europa.