El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis Alcázar en el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a cargo del denominado "caso Plus Ultra" en el que investiga el rescate de la aerolínea y las joyas incautadas que había en la caja fuerte de su despacho cuando fue registrado por la Udef ha acordado poner las actuaciones judiciales en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa, según señala en un auto.

El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor indica que en una resolución aparte se señalará la declaración de las tres.

En relación con las hijas, Calama recuerda lo expuesto en el auto del pasado 18 de mayo en el que se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. Argumenta que "tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas", señala el auto del juez.

"La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad".

Recuerda, asimismo, que "la citación en calidad de investigado no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición, cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos".

"En el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso", apunta Calama, "la conexión deriva de la propia estructura societaria: quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa".

El juez Calama considera que "la citación en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez Espinosa constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española".

"Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables".

Igualmente, citarlas como testigos "generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado", advierte.

Por ello, el magistrado subraya que la citación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como investigadas es necesaria para "preservar sus derechos fundamentales y para garantizar la validez de las diligencias".

En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los hechos, tal y como fueron expuestos en el auto de registro del 18 de mayo, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada.

El juez rechaza las diligencias pedidas por Zapatero

El juez también rechaza en el auto la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Rodríguez Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

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El expresidente del Gobierno había solicitado complementar y ampliar el auto de 5 de junio con el fin de extender el objeto de la solicitud de cooperación a Estados Unidos para que remitiera determinada información y documentación. El juez argumenta que mientras no se reciba contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado "no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta que se encuentra pendiente".

Calama rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo.

También se rechaza la medida cautelar solicitada por esta acusación en la que pedía la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, ya que "estas actuaciones no tienen por objeto el procedimiento administrativo de concesión de la ayuda pública a Plus Ultra ni, en términos generales, la regularidad del funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias ejecutado por una trama organizada dedicada a esta actividad ilícita, así como la actividad de blanqueo de capitales eventualmente vinculada al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública".

En este sentido, concluye que "procede rechazar la solicitud de medidas cautelares reales formulada por las acusaciones populares, tanto por carecer de legitimación para promover actuaciones dirigidas a asegurar responsabilidades civiles, como por no ajustarse al objeto procesal de la presente pieza separada ni a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que rigen la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial".

Méndez cree que ya pensaba que Zapatero debía suspender su militancia antes de que el exjefe del Ejecutivo prestara declaración ante el juez y ahora, ha asegurado hoy en una entrevista con Cuatro, "se refuerza" esta opinión, después de que el magistrado haya mantenido la imputación.

El exsecretario general de UGT insiste en que Zapatero debe "abrir un paréntesis mientras dure el procedimiento, y centrarse en defender su honorabilidad. En este sentido, ha señalado que "desde el punto de vista político es inaceptable" tener esas joyas en la caja fuerte más allá de que se pueda deducir responsabilidad penal o no.

Ello, aunque Cándido Méndez insiste en que es su "amigo" y que seguirá "creyendo" en su inocencia a pesar de que "lamenta" que no haya conseguido desvirtuar ante el juez los indicios que pesan sobre él.

Méndez considera que la estrategia del presidente del Gobierno de tener a Zapatero como referencia del pasado y del presente y también la de que Pedro Sánchez sea la referencia del presente y el futuro se ha esfumado. Una estrategia, dice en la entrevista que recoge Europa Press, que sostenía la "mutación" que se produjo en el partido cuando el actual presidente del Gobierno "pactó con un "magma" de partidos desde la extrema derecha a la extrema izquierda".

El exlíder sindical no se ha pronunciado al respeecto de si cree o no que las joyas se las regalara el rey de Arabia Saudí, pero sí señala que si a él le regalan algo parecido "se acordaría todos los días de su vida".