El Gobierno define hoy si juega una última carta con el mediador antes de ir al default

El Gobierno definirá hoy si envía otra vez una delegación a las oficinas del mediador a negociar una salida que evite el default de la deuda reestructurada, a dos días del plazo límite. Hasta anoche, ningún funcionario del Ministerio de Economía había embarcado nuevamente rumbo a Nueva York, pero no descartaban hacerlo hoy.

El fin de semana no hubo contactos entre funcionarios y el Special Master Daniel Pollack, afirmaron fuentes oficiales. Agregaron que Economía trabajó puertas adentro en las distintas alternativas.

Las negociaciones entre el Gobierno y los fondos buitre bajo la intermediación Pollack parecieron enfriarse el viernes, cuando los funcionarios argentinos mantuvieron un encuentro de 70 minutos (el más breve de todos) y los representantes de los holdouts no se presentaron y mantuvieron conversaciones por teléfono. Al término de la reunión, el Ministerio de Economía comunicó que “se profundizó sobre los diferentes aspectos del litigio y las diversas alternativas que se presentan”. Y los funcionarios asistentes, los secretarios de Finanzas y Legal, Pablo López y Federico Thea y la procuradora del Tesoro y el subprocurador, Angelina Abbona y Javier Pargament, volvieron a Buenos Aires.

En paralelo, el fallo del juez Thomas Griesa provocó nuevas confusiones. El magistrado de Nueva York obligó a Argentina a pagar a NML Capital y otros litigantes u$s 1.330 millones más intereses (u$s 1.600 millones) antes de continuar con los pagos de deuda reestructurada. Si bien en principio exceptuó de esa orden a los bonos en dólares bajo legislación argentina, esa decisión quedó pendiente. El Citibank, agente de pago de esa deuda, emitió un escrito en que informó que es imposible distinguir los bonos del canje, afectados por la sentencia, de otros títulos Discount emitidos para pagar la indemnización a Repsol, por u$s 1.250 millones, ahora en poder de inversores desconocidos. “Como esos bonos son idénticos, son fungibles”, afirmó el banco en un escrito. Los títulos podrían quedar así presas de la sentencia.

El Gobierno insistió en que está dispuesto a encontrar “una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas”.

La posición argentina no varió. Teme que cualquier arreglo producido antes del 31 de diciembre dispare la cláusula RUFO de los bonos reestructurados, que obliga a igualar a los tenedores de esos títulos cualquier oferta superior a la del canje. Los expertos dividen aguas sobre la aplicación de esta cláusula en una negociación judicial de este tipo, que no
cuadraría como una oferta. Pero cualquier ventana que quede abierta puede disparar reclamos por u$s 120.000 millones. Por eso, las opciones para el Ejecutivo son dos: o Griesa repone el stay y permite los pagos de deuda hasta diciembre (para lo cual necesita que los buitres lo soliciten) o los litigantes se hacen cargo de un seguro por esos u$s 120.000 millones.

Ante la falta de avances, el Gobierno continuó preparando el terreno para el eventual default forzoso. “El 30 no vamos a tener ningún problema. Estamos abiertos a seguir negociando sin extorsiones, sin violar el derecho internacional ni las leyes locales”, dijo el ministro Axel Kicillof el viernes, en una reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas de Unasur.

El discurso oficial es que “Argentina ya pagó” y que el juez es quien bloquea el dinero e impide que llegue a los tenedores de los bonos. Los u$s 539 millones de deuda bajo legislación extranjera continúan en dos cuentas del Bank of New York en el Banco Central. Por eso, el Ejecutivo no hablará de default e intentará defender jurídicamente esa postura para evitar que el impago dispare la cláusula de cross default de los bonos Discount y Par, que permite a los acreedores exigir todo el capital más los intereses ante el impago y dispararía reclamos por unos u$s 35.000 millones.

La semana pasada, el Gobierno envió a la Bolsa los avisos de pago de los vencimientos que siguen hasta fin de año, aunque esa rutina suele hacerse un mes antes de cada compromiso, en otro indicio de que podría acelerar esos depósitos para demostrar voluntad de pago.

Esa estrategia contradice al cambio de jurisdicción que el Gobierno había anunciado, que Griesa bloqueó y que surgió nuevamente como alternativa ante el default. “Sería inconsistente e ilegal pagar dos veces lo mismo”, argumentó Alejandro Vanoli, titular de la CNV, en Radio América. “Lo que fue pagado no se lo puede pagar otra vez, porque violaría la ley de Administración Financiera y debilitaría la posición argentina de que esto (los vencimientos de junio) fue pagado”, prosiguió.