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Daniel Noboa. presidente de Ecuador
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La caída de los recursos provenientes del petróleo, históricamente una de las principales fuentes de financiamiento fiscal del país, fue uno de los factores determinantes en el deterioro de las cuentas públicas
El déficit fiscal de Ecuador se profundizó en 2025 como resultado de una combinación de menores ingresos petroleros y un aumento significativo del gasto público, en un año marcado por decisiones económicas de alto impacto y un contexto político exigente para el Gobierno de Daniel Noboa.
Al cierre de diciembre, las finanzas del Estado registraron un desequilibrio mucho mayor al del año anterior, evidenciando que los ingresos no crecieron al ritmo necesario para cubrir el nivel de gasto. La caída de los recursos provenientes del petróleo, históricamente una de las principales fuentes de financiamiento fiscal del país, fue uno de los factores determinantes en el deterioro de las cuentas públicas.
En paralelo, el gasto del Gobierno aumentó de forma considerable. Durante el año se ampliaron las transferencias sociales, los bonos y las compensaciones económicas, incluyendo apoyos dirigidos a sectores específicos como transportistas y agricultores. A esto se sumaron mayores egresos corrientes y el peso del servicio de la deuda, que presionaron aún más el balance fiscal.
Entre las medidas más relevantes estuvo la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde hace décadas. Aunque esta decisión buscaba aliviar de manera estructural el gasto público, su aplicación a partir de septiembre limitó el impacto inmediato sobre las finanzas del Estado. De haberse mantenido durante todo el año, el costo fiscal habría sido considerablemente mayor, pero incluso con la reforma, el ahorro no fue suficiente para compensar el resto de presiones sobre el presupuesto.
El Gobierno también introdujo otros ajustes, como reducciones parciales a subsidios de combustibles, cambios en tarifas eléctricas para ciertos sectores productivos, la creación de nuevas tasas y un recorte en la nómina pública que implicó la salida de más de un millar de funcionarios. Estas acciones respondieron al objetivo de contener el gasto y mejorar la eficiencia del Estado, aunque su efecto fue limitado frente al tamaño del déficit acumulado.
El resultado fue un cierre fiscal complejo, en el que las medidas de ajuste convivieron con un aumento del gasto asociado a un año de alta exigencia social y política. Si bien el déficit fue menor al que se habría registrado sin las reformas aplicadas, el desbalance sigue siendo uno de los principales retos para la economía ecuatoriana.
De cara a 2026, el manejo de las finanzas públicas se perfila como un desafío central para el Gobierno, que deberá equilibrar la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía con la urgencia de reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
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