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HACIENDA

El Gobierno británico contempla un caos total en Gibraltar si hay brexit duro

jueves, 12 de septiembre de 2019

Los retrasos para cruzar la verja con España serían superiores a las cuatro horas durante varios meses

Expansión - Madrid

La operación Yelowhammer, nombre del plan del Gobierno de Reino Unido para afrontar una salida sin acuerdo de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre, salió este miércoles a la luz, ante la presión del Parlamento británico para conocer su contenido.

El "razonable peor escenario" pergeñado en dicho documento contempla problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas y productos industriales, ante el potencial colapso de las fronteras por la imposición de chequeos aduaneros al salir Reino Unido del mercado común y la unión aduanera de un día para otro.

Dicho caos alcanzaría también a Gibraltar, el territorio dependiente de la Corona británica ubicado al sur de España. Según el Gobierno británico, "la imposición de chequeos en la frontera con España provocará interrupciones en el suministro de bienes (incluyendo alimentos), medicinas, transporte de residuos y retrasos de más de cuatro horas durante al menos varios meses en el movimiento de trabajadores, residentes y turistas a través de la frontera".

La nota admite que una prolongación de esa situación en la verja del Peñón "impactará de manera adversa en la economía de Gibraltar". Además, "como en el resto de Reino Unido, el flujo de datos y servicios también se verá distorsionado".

El Gobierno de Boris Johnson lanza una velada crítica a la administración gibraltareña. "Pese al retraso en la salida de la UE, Gibraltar no ha tomado todavía las decisiones de invertir en infraestructuras de contingencia (ajustes en los puertos; equipos de tratamiento de residuos) y todavía hay preocupaciones de que Gibraltar no haya pasado toda la legislación necesaria para un Brexit sin acuerdo, abriendo potenciales riesgos/vacíos legales para el Gobierno de Gibraltar".

El informe admite la existencia de fuertes incertidumbres sobre los derechos que los residentes británicos en países de la UE como España tendrán tras el Brexit, incluyendo su acceso a los servicios sanitarios. En el caso de los europeos viviendo en Reino Unido, el Gobierno se compromete a "respetar ampliamente todos los derechos y estatus que tengan antes de salir de la UE".

Los retrasos serán especialmente agudos en el túnel bajo el Canal de La Mancha y las rutas marítimas entre Inglaterra y Francia. Los camiones que transportan mercancías por esas vías podrían sufrir demoras de entre un día y medio y dos días, por la instauración de controles. "Si no se mitiga, el flujo de vehículos podría ser de sólo un 40% respecto al nivel habitual durante seis meses, lo que tendría impacto en el suministro de medicinas".

Además, "el suministro de ciertos tipos de alimentos frescos descenderá", llevando a "aumentos de precios y menos opciones para los consumidores, lo que podría impactar en los grupos más vulnerables".

La electricidad también podría subir de precio (por el riesgo de interrupción de las importaciones por las interconexiones) y algunos "servicios financieros de Reino Unido también de verán distorsionados".

El escenario del informe, elaborado bajo la supervisión del ministro Michael Gove, avisa por último del riesgo de "protestas y contra-protestas" en las calles, "que podrían absorber un volumen significativo de recursos policiales. También podría haber un aumento de desórdenes públicos y tensión en la comunidad".

Pese a este dañino escenario, que según los economistas llevaría el país a la recesión, Johnson sigue pensando que hay que mantener la opción de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, si Bruselas no acepta dar concesiones respecto al tratado firmado por su antecesora Theresa May. El Parlamento británico, sin embargo, ha promulgado una Ley que obliga al primer ministro a pedir un retraso del Brexit hasta enero de 2020 si no alcanza un pacto, para evitar esa salida caótica.

Según Gove, el escenario que se plantea en Yellowhammer está siendo revisado en la actualidad, y el Gobierno trabaja para mitigar sus efectos.

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