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Otros países de la región, como Chile, Costa Rica y México, también aparecen en la parte baja de la clasificación del aOcde
El gasto público en protección social continúa mostrando fuertes diferencias entre los países desarrollados y las economías emergentes. De acuerdo con datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, el promedio de gasto social público entre sus miembros se ubica cerca de 21% del PIB, aunque algunos países superan ampliamente ese nivel y otros permanecen muy por debajo.
En la parte alta de la clasificación aparecen economías europeas con sistemas de bienestar consolidados. Austria, Finlandia y Francia encabezan el ranking con niveles de gasto cercanos o superiores a 30% del PIB, seguidas por países como Alemania, Italia y España. En estas economías, los programas sociales, principalmente pensiones y salud, representan una parte central del presupuesto público y reflejan décadas de desarrollo institucional de sus Estados de bienestar.
En contraste, varios países latinoamericanos y emergentes registran niveles considerablemente más bajos. Según el gráfico de la Ocde, Colombia destina cerca de 14% del PIB a gasto social, una proporción inferior a la media del organismo y muy distante de los líderes europeos. Otros países de la región, como Chile, Costa Rica y México, también aparecen en la parte baja de la clasificación, con porcentajes que en algunos casos no superan 12% del PIB.
Las diferencias reflejan tanto el nivel de desarrollo económico como la estructura de los sistemas de protección social. El gasto social incluye transferencias monetarias, servicios públicos y beneficios fiscales dirigidos a poblaciones vulnerables como adultos mayores, desempleados o familias de bajos ingresos. Dentro de este rubro, las pensiones y la salud concentran cerca de dos tercios del gasto total en los países de la Ocde, lo que explica el peso fiscal que adquieren en sociedades con poblaciones cada vez más envejecidas.
El desafío para muchas economías emergentes se encuentra en ampliar la cobertura social sin comprometer la sostenibilidad fiscal. A medida que crecen las demandas por mayor protección social y se intensifican los cambios demográficos, el debate sobre cuánto debe gastar el Estado se vuelve central en la agenda económica global. La comparación internacional muestra que, más allá del tamaño del gasto, la eficacia de los sistemas de bienestar dependerá de su capacidad para reducir desigualdades y promover crecimiento inclusivo.
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