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Amnistía Internacional denunció que al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado durante el régimen de excepción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llamó nuevamente el viernes al gobierno de El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos durante un polémico estado de emergencia que suspende garantías individuales en aras de combatir a las pandillas en la nación centroamericana.
El organismo destacó la obligación de las autoridades de garantizar el debido proceso y respeto a las libertades durante la aplicación del régimen de excepción, que el Congreso aprobó temporalmente en marzo pero se ha extendido en dos ocasiones y sigue vigente.
"Cidh reitera (...) su llamado para asegurar que, tanto las acciones de prevención, como las relativas a la investigación, juzgamiento y sanción a los crímenes se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana", dijo en comunicado.
La Cidh detalló que existen denuncias de que autoridades no dan información sobre los detenidos, causas de su encarcelamiento y lugares donde están recluidos, lo que ha motivado aglomeración de familiares afuera de prisiones solicitando información.
Las medidas tomadas durante el periodo han despertado fuertes críticas de organismos internacionales que consideran que los derechos humanos se están violando al apresar a decenas de inocentes para no perjudicar el plan de seguridad del mandatario.
Durante el estado de emergencia han sido detenidas más de 36,000 personas, entre ellos 1,190 menores de 18 años de edad, acusados de pertenecer o colaborar con las pandillas, según cifras oficiales.
Amnistía Internacional (AI) denunció el jueves que al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción y que las autoridades han cometido "violaciones masivas de derechos humanos" como tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas.
A mediados de mayo, Reuters reportó que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
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