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Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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En esta primera etapa, el programa cubrirá cerca de 63% de los casos elegibles, priorizando aquellos aún en revisión administrativa
El Gobierno de Estados Unidos comenzó ayer a devolver más de US$166.000 millones a miles de empresas afectadas por aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump. La medida, ordenada tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, marca un antes y un después en el manejo del comercio exterior del país.
La decisión judicial, adoptada el pasado 20 de febrero con una votación de seis a tres, concluyó que el presidente no tenía autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, Ieepa, de 1977 en tiempos de paz. Este argumento desmanteló el núcleo de una estrategia que buscaba presionar a socios comerciales y reducir el déficit mediante medidas unilaterales.
Más que una discusión técnica, el fallo redefine el equilibrio de poder. Deja claro que las decisiones comerciales de gran alcance deben pasar por el Congreso, limitando así la capacidad del Ejecutivo para actuar de forma independiente.
Para cumplir con la orden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos habilitó un sistema digital que permitirá a las empresas reclamar su dinero. En esta primera etapa, el programa cubrirá cerca de 63% de los casos elegibles, priorizando aquellos aún en revisión administrativa.
Se estima que más de 330.000 empresas participaron en operaciones gravadas, en un volumen que supera 53 millones de transacciones. Solo hasta inicios de abril, decenas de miles de compañías ya habían iniciado procesos para recuperar sumas multimillonarias, anticipando una avalancha de solicitudes.
Para el sector empresarial, el anuncio representa un respiro financiero, aunque llega tarde. Durante meses, muchas compañías absorbieron los costos, ajustaron sus gastos o trasladaron el impacto a los consumidores, lo que contribuyó al aumento de precios en distintos mercados. Algunas firmas, como FedEx, han anunciado que devolverán el dinero a sus clientes. Sin embargo, se advierte que no existe obligación legal de hacerlo, lo que deja a millones de consumidores sin una compensación directa.
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