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Daniel Noboa, presidente de Ecuador
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La inesperada reestructuración del poder ejecutivo, anunciada el jueves por la noche, fue la primera medida de austeridad de Noboa desde su reelección en abril
El gobierno de Ecuador está despidiendo a 5.000 funcionarios públicos y reduciendo el número de ministerios y oficinas públicas relacionadas en aproximadamente 40% mientras el presidente Daniel Noboa lucha por equilibrar el presupuesto de la nación.
La inesperada reestructuración del poder ejecutivo, anunciada el jueves por la noche, fue la primera medida de austeridad de Noboa desde su reelección en abril. Se produjo pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara un apoyo financiero adicional para el país.
El esfuerzo parece ser un primer paso en el largo camino hacia la consolidación fiscal en Ecuador, que ha dependido de prestamistas multilaterales y ha enfrentado una crisis de seguridad que lo ha convertido en una de las naciones más letales de América Latina.
Si bien el gobierno no proporcionó una estimación de los ahorros, las medidas deberían reducir el gasto en menos de US$50 millones al año, en comparación con un presupuesto que supera US$30.000 millones, según Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal con sede en Quito.
“Las medidas van en la dirección correcta, es un primer paso pero insuficiente en el camino hacia la sostenibilidad fiscal”, dijo Carrera, añadiendo que el gobierno necesitará encontrar más de US$6.000 millones en ahorros fiscales o ingresos adicionales durante los próximos cuatro años para cumplir con el acuerdo con el FMI.
Noboa ya emprendió reformas impopulares desde el año pasado para obtener el apoyo del FMI. Aumentó el impuesto al valor agregado y recortó drásticamente los subsidios a la gasolina, aunque el diésel, el mayor subsidio, se mantiene sin cambios. El 21 de julio, el organismo aumentó el Fondo de Facilidad Ampliada del Ecuador de US$4.000 millones a US$5.000 millones.
Como parte de los cambios anunciados el jueves, el Ministerio del Interior absorberá los servicios de emergencia y el sistema penitenciario, que ha sido infiltrado por narcotraficantes.
El Ministerio de Medio Ambiente será integrado al Ministerio de Energía y Minas, que enfrenta una disminución de la producción de petróleo y un desafío a la constitucionalidad de una nueva tarifa regulatoria a la minería que pretende recaudar US$230 millones anuales.
Los últimos recortes no necesariamente reducirán el tamaño general del estado, declaró la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, en la conferencia de prensa del jueves. Mientras tanto, los sindicatos del sector público ya han anunciado protestas.
Gobiernos anteriores han hecho anuncios similares, "y en ocasiones ese recorte en los ministerios no se traduce en una reducción significativa de personal ni de gasto", afirmó Gabriela Calderón, investigadora de estudios latinoamericanos del Cato Institute. Otras reformas clave incluirían la eliminación de los monopolios estatales en sectores como la electricidad y la descentralización para reducir el gasto de forma más significativa, añadió.
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