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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump
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El propósito central de esta política es forzar la “autoexpulsión” de quienes permanezcan en el país con papeles de deportación
Desde que Trump llegó al mandato a inicio de 2025, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, emitió 65.101 multas de sanciones civiles que suman más de US$36.000 millones en deudas exigidas a personas indocumentadas. El gobierno defiende estas políticas públicas como una herramienta necesaria para frenar la entrada ilegal e impedir la violación de la ley.
Esta medida está respaldada por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de 1996, que aclara que el gobierno está facultado para cobrar hasta US$998 por cada día que el migrante permanezca en Estados Unidos tras recibir una orden definitiva de deportación.
El propósito central de esta política es forzar la “autoexpulsión” de quienes permanezcan en el país con papeles de deportación. De hecho, esta presión se le suma conjuntamente con el “Proyecto Retorno”, que es una medida reciente durante el mandato de Trump, que es una medida que invita a los migrantes a usar una aplicación de las Aduanas y Protección Fronteriza para registrar su propósito de salida voluntaria del país, a cambio de un incentivo económico de aproximadamente US$2.600.
Además de asistencia para el viaje de regreso a su país de cabe recalcar que esta medida se intentó implementar en el primer gobierno de Donald Trump, siendo la modalidad a través de multas vía correo, pero no obtuvo los resultados esperados; apenas logró recaudar US$4.215, lo que ocasionó la suspensión del programa en 2021 durante el mandato de Joe Biden.
El DHS otorga a las personas un plazo a penas de 15 días para pagar su deuda o de presentar una objeción formal. Estas multas civiles han alcanzado US$1,8 millones por persona.
Estas medidas no solo están afectando a personas interesadas en vivir en EE.UU. incluyen de igual forma a migrantes indocumentados viviendo desde hace 25 años y parejas de ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el proceso de regulación a cuidadano.
Es crear un entorno tan insoportable para quienes carecen de estatus legal que no les quede otra opción que la autoexpulsión”, aseguró Hasan Shafiqullah, abogada de la The Legal Aid Society.
Expertos de derechos civiles afirman que estas medidas pretenden generar una “campaña de miedo” oculta como una política pública.
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