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Rousseff aprovechó una ceremonia de entrega simbólica de viviendas del programa Minha Casa Minha Vida en el estado de Río Grande do Sul para volver a describir como “innecesaria” la breve detención que sufrió el viernes su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue interrogado por acusaciones de sobornos a cambio de favores, como parte de la operación Lava-Jato.
La mandataria lanzó además una crítica indirecta hacia el juez federal Sergio Moro, que determinó la medida en contra de Lula, y atacó a la oposición, que desea “anticipar la elección de 2018”, y que “sistemáticamente” intenta “dividir al país”.
Recibida con gritos de “no va a tener un golpe” y “Dilma guerrera de la patria brasileña” por militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y centrales sindicales, la presidenta afirmó que parte de la crisis económica “se debe también a la crisis política sistemática que provocan en el país quienes están disconformes, que perdieron las elecciones y quieren anticipar la elección de 2018”, según reportó el medio local Valor Económico.
Rousseff, quien el sábado visitó a Lula en su casa en Sao Bernardo do Campo, dijo que “no tiene sentido” llevar por la fuerza a declarar al ex mandatario si él jamás se ha negado a colaborar con la justicia.
Lucha en las calles
La implicancia de Lula en la operación Lava-Jato, que involucra el desvío de fondos desde la petrolera estatal Petrobras, profundizó la crisis política en el país y entregó más municiones para los opositores al gobierno, que buscan someter a la mandataria a un juicio político para invalidar su reelección en 2014.
La noticia de que la figura política más icónica de Brasil estaba en custodia policial golpeó fuerte a una sociedad que enfrenta además su peor recesión en más de un siglo.
Los críticos de Rousseff convocaron a protestas en todo el país el 13 de marzo. Hasta el domingo en la noche, 150 mil personas se habían inscrito en un evento en Facebook para participar en la marcha de Sao Paulo. Pero hay otros movimientos planificados para el resto del país. “Suficiente impunidad. Brasil no es un país de ladrones”, escribió en la página de Facebook uno de los organizadores de la marcha, VemPraRua.
Por su parte, los líderes del PT convocaron a su propia manifestación, la semana siguiente. “Ellos encendieron el fuego. Llevémoslo a las calles”, escribió Jose Guimaraes, uno de los líderes del PT en el Congreso, en su cuenta de Twitter.
El estallido social, que podría tornarse violento, podría revivir el proceso de impugnación a la presidenta, que está estancado por meses en el Congreso, dijo Gabriel Petris, analista político de la firma consultora Barral M Jorge, a Bloomberg.
“Será un juicio en las calles con la gente como juez, los legisladores tendrán que oír”, dijo Petrus. “Las próximas dos semanas serán decisivas para evaluar el equilibrio a favor o en contra de Rousseff”.
La decisión que tomen los parlamentarios y los jueces respecto del futuro político de Rousseff dependerá en gran parte de la opinión pública y de las protestas de los próximos días, afirmó Andre Cesar, analista político y fundador de la consultora Hold Assessoria Legislativa, a Bloomberg.
Ayer, el Tribunal Supremo Federal publicó en el diario oficial su fallo del 17 de diciembre sobre el mecanismo del proceso de impugnación. Con esto, la decisión se hace oficial y despeja el camino para que el proceso avance.
Expectativa del mercado
Hasta ahora, el mercado opera en el escenario de que se produciría un cambio de gobierno. El índice Bovespa subió 4,01% el viernes y el real avanzó frente al dólar, en espera de que un potencial nuevo gobierno aplique una política económica más austera y atraiga una mayor inversión.
Ayer, la bolsa tuvo una jornada volátil, a la espera de un proceso de impugnación que podría ser largo. “La volatilidad de los mercados debería ser una constante en los próximos días, porque no se sabe si la definición de la impugnación puede demorar tres meses o un año y medio”, afirmó Marcelo Allain, profesor de la Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Valor.
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