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El máximo tribunal de EE.UU. termina con la protección a la interrupción del embarazo que podría ser ilegal en la mitad del país
Una profundamente dividida Corte Suprema de EE.UU. anuló este viernes el fallo Roe v. Wade de 1973 y eliminó el derecho constitucional al aborto, dictando de esta manera una sentencia histórica que probablemente hará que el procedimiento sea en gran medida ilegal en la mitad del país.
El tribunal votó siguiendo líneas ideológicas: 6 a favor y 3 en contra de mantener la prohibición de Mississippi de interrumpir el embarazo después de 15 semanas, y 5-4 para ir más allá y anular explícitamente Roe v. Wade y el derecho constitucional que estableció. El juez Samuel Alito escribió la opinión mayoritaria del tribunal.
El impacto promete ser transformador. Veintiséis estados van a prohibir o es probable que prohíban casi todos los abortos, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto. Trece tienen las llamadas leyes de activación diseñadas para prohibir automáticamente el aborto si se anula el fallo.
La sentencia cumple un sueño de décadas de los conservadores jurídicos y religiosos, y culmina una lucha de medio siglo para anular uno de los dictámenes más controvertidos de la historia de Estados Unidos. La mayoría también anuló el caso Planned Parenthood vs. Casey, la decisión de 1992 que reafirmó Roe y estableció lo que ha sido la ley dominante desde entonces. El caso Casey decía que la Enmienda 14 de la Constitución prohibía a los estados imponer restricciones significativas hasta la viabilidad del feto, aproximadamente a las 23 semanas de embarazo.
Los partidarios del derecho al aborto afirman que la anulación de la sentencia tendrá un impacto devastador, amenazando décadas de beneficios económicos para las mujeres y privando a millones de personas del derecho a tomar decisiones muy personales en materia de salud. Dicen que el efecto será especialmente grande para las mujeres negras e hispanas, que tienen más probabilidades de carecer de los fondos necesarios y la capacidad de tomar tiempo libre del trabajo para viajar fuera del estado para interrumpir sus embarazos.
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