martes, 8 de octubre de 2013
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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co

Al menos 30 de los 40 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) investigan poco la corrupción transnacional, que se tipifica esencialmente en el soborno, así lo evidenció el informe llamado ¿Exportar la corrupción? publicado el día de ayer por Transparencia Internacional.

Considerando el gran valor de sus exportaciones, solo ocho países han implementado activamente los compromisos de la Convención Anti-soborno, entre ellos Suiza, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Incluso, países de tradición en el organismo y que además impactan en el comercio mundial como Japón y Brasil, no se destacan por su transparecia.

Así lo confirmó Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, quien se refirió a los resultados del informe y aseguró que “la carencia de sanciones se podría explicar debido a una falta de voluntad política real y la prevalencia que se le da a los negocios sobre la ética”.

Ungar afirmó que la gran excusa a la hora de estos delitos está en los obstáculos impuestos por los estados en la tramitología, pero que este aspecto no justifica que se presenten estas inconsistencias en ganar contratos, obtener licencias o evadir impuestos y legislación local, sobre todo, teniendo en cuenta que los países que han suscrito este acuerdo representan 2/3 partes del comercio del mundo y 90% de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Aunque Colombia aún no aparece en el escalafón, el organismo sí realizó un acercamiento sobre cómo está en la sanción de la corrupción transnacional, tanto de empresarios locales en el exterior como de compañías internacionales en el país. El análisis previo de Colombia no es nada alentador pues hay una gran distancia en la situación actual y la deseada por la Ocde. Faltan reglas claras sobre la sanción a empresas en tres aspectos básicos: la información, la institucionalidad y la sensibilización a los funcionarios y a la población para que denuncie.

Por ejemplo, señala la directora, a pesar de que las penas de prisión establecidas en el Estatuto Anticorrupción son considerables (9 a 15 años no excarcelables), las sanciones financieras son muy bajas con relación el gran poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios.

“Hoy, la sanción para una persona natural puede estar entre $58,9 millones y $117,9 millones (100 - 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv)” recalcó la funcionaria. Por otra parte, hay graves problemas en las estadísticas de este delito, no hay información, tipificación y, advirtió Ungar, resulta prioritario que las unidades responsables de investigar los casos, con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, comiencen recopilar, sistematizar y publicar la información para plantear mejores políticas con la miras al ingreso a la Ocde.