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COP31 que iniciará en Turquía
Frente a la agenda global, expertos como Benjamín Quesada exigen enfocar esfuerzos en protección de ecosistemas
La trigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se lleva a cabo en Antalya, Turquía, marca un punto de inflexión histórico en la agenda ambiental global.
Con la participación confirmada de más de 190 países, entre 77 presidentes y 91 Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Líderes, y una asistencia estimada que supera 50.000 personas (incluyendo delegados, científicos, ONG y representantes de medios internacionales), la cumbre busca traducir los compromisos multilaterales en acciones financieras y normativas concretas.
En el centro de las negociaciones se encuentra la urgencia de mantener vivo el objetivo de no superar los 1,5 °C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, un umbral que los expertos advierten se está rozando peligrosamente.
En este escenario, la meta global sobre la mesa es movilizar un financiamiento climático de al menos US$300.000 millones anuales hacia 2035 bajo el nuevo objetivo colectivo (Ncqg), con una hoja de ruta a largo plazo que apunta a alcanzar US$1,3 billones anuales en el mismo horizonte temporal.
Asimismo, la presidencia turca de la COP31 ha impulsado una agenda distintiva centrada en la seguridad energética, la transición justa y la iniciativa insignia de Zero Waste y economía circular.
No obstante, las discusiones globales también exigen dotar de recursos efectivos al Fondo de Pérdidas y Daños, garantizando que el dinero prometido en cumbres anteriores se convierta en indicadores, fondos y planes de implementación viables para cada una de las naciones.

En el plano regional, de acuerdo con el análisis compartido por el climatólogo Benjamín Quesada, decano de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario, los desafíos climáticos adquieren una dimensión crítica.
América Latina no solo figura entre las regiones más expuestas y vulnerables del planeta ante la variabilidad climática, sino que alberga tesoros ecológicos indispensables para la estabilidad del sistema terrestre.
El bosque amazónico, por ejemplo, va mucho más allá de ser un sumidero de carbono: funciona como una vasta fábrica de humedad y ciclos hidrológicos a través de los denominados «ríos voladores», los cuales alimentan las lluvias y la producción agrícola en gran parte de América del Sur.
Perder cobertura forestal en la Amazonía, sumado al retroceso constante de los glaciares tropicales y los páramos andinos, representa una pérdida irreparable de agua, energía y biodiversidad que impacta de manera interdependiente a toda la región.
Ante esto, el investigador advierte que las estrategias globales (como el enfoque casi exclusivo en la electrificación promovido en algunas agendas internacionales) deben ajustarse a las realidades locales.
Países como Colombia ya cuentan con una matriz eléctrica altamente limpia, por lo que priorizar únicamente la electrificación sin atender la protección de los bosques y la diversidad de fuentes renovables puede incrementar la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño.
En cuanto a la participación nacional, la delegación colombiana, articulada de manera conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el respaldo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (Cicc), ha estructurado una hoja de ruta centrada en la Agenda ABC.
Esta estrategia prioriza el agua para responder activamente al estrés hídrico y a la variabilidad climática, la biodiversidad para enfocar los esfuerzos en la protección y restauración de ecosistemas estratégicos, y las comunidades para garantizar una acción territorial directa que involucre a las poblaciones más vulnerables.
Adicionalmente, el país y la región insisten en la necesidad de robustecer los mecanismos de financiación climática y el acceso a recursos internacionales
El estancamiento de las negociaciones climáticas refleja profundas discrepancias sobre la financiación y responsabilidades, agravadas por el auge de posturas críticas en Europa, el giro presupuestario hacia la defensa y la instrumentalización de la seguridad energética para justificar la explotación fósil; todo ello en un contexto de incertidumbre donde las prioridades a corto plazo silencian la acción climática, a pesar de que los impactos se intensifican y los recursos siguen siendo insuficientes y desiguales.
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