Constructores en Brasil buscan acuerdo gubernamental en causa Petrobras

Engevix Engenharia SA, que según la policía federal participó en un cartel para inflar contratos con la empresa estatal Petroleo Brasileiro SA, y la oficina de la Contraloría General están negociando el acuerdo que requiere una admisión de delito y el pago total de los daños que derivaron de él, dijeron dos personas que pidieron no ser identificadas dado que las discusiones son privadas. La constructora Galvao Engenharia SA también se cuenta entre las empresas que buscan un acuerdo en esos términos, lo cual constituye el primer paso para permitir a los bancos públicos reanudar los préstamos a las compañías, dijo una tercera persona.

Marginadas de los mercados de crédito e impedidas de presentarse a licitación por nuevos contratos con Petrobras, algunas de las constructoras que integran el puñado de empresas responsables de la mayor parte de las obras de infraestructura de Brasil están quedándose con poco efectivo para continuar con proyectos de construcción que requieren mucho capital, han dicho las agencias calificadoras. Galvao Engenharia ya frenó una ampliación de una ruta utilizada para transportar la soja y despidió algunos trabajadores porque no podía obtener financiación, dijo una de las personas.

Engevix se negó a hacer declaraciones. Un ejecutivo de prensa de Galvao se negó a comentar si se están llevando a cabo negociaciones y dijo que la empresa está cooperando con la investigación.

OAS SA, otra empresa constructora acusada por la policía federal en el escándalo, dijo en junio que no honró deuda para preservar el efectivo, y Engevix analiza la venta de su participación en concesiones aeroportuarias, dijeron este mes personas al tanto del tema. OAS se negó a hacer comentarios por correo electrónico.

‘Problema grave’

“Es un problema grave –sin esos acuerdos algunas de estas empresas deberán reestructurarse”, dijo el martes Chris Garman, responsable de América Latina en la consultora sobre riesgo político Eurasia, en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Sao Paulo.

“Por supuesto, otras empresas podrían ingresar en el sector que estaba cerrado debido al cartel, pero hasta que eso ocurra, habrá un daño para la economía, proyectos paralizados y recortes de empleo”, dijo. “Es una carrera contra el tiempo”.

Las empresas constructoras acusadas en el escándalo tienen contratos para obras de infraestructura en todo Brasil, desde la inmensa represa hidroeléctrica Belo Monte en el Amazonas hasta algunos proyectos para los Juegos Olímpicos 2016 en Río, según registros públicos.

A medida que se propagaba el escándalo, los economistas fueron rebajando sus pronósticos relativos al PIB 11 semanas seguidas y ahora prevén que la economía se contraerá 0,78 por ciento este año, según un sondeo del banco central publicado el 16 de marzo en Brasilia.

Los acuerdos de clemencia establecidos por la oficina de la Contraloría General requieren que las empresas admitan haber delinquido, dijo el fiscal general brasileño Luis Inacio Adams en una entrevista el 12 de febrero con Bloomberg News. Los convenios requieren asimismo que una empresa coopere con la investigación, devuelva algo de dinero y adopte medidas para garantizar que no vuelvan a ocurrir dichas violaciones, dijo.