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Esta denuncia fue presentada este miércoles ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con número de folio 30529.
"La denuncia que interpusimos en la Procuraduría en contra de la Semovi es por la omisión en cuanto a lo que llamamos hacer un traje a la medida a los servicios de Uber y Cabify, y va en el sentido contra ellos por el daño al erario, por prestar un servicio de manera ilegal en toda la regulación que impone a los concesionarios, y que se aplique el apartado de delitos de los artículos 258 y 260 de la Ley de Movilidad del Distrito. Federal", explicó Medina en una entrevista.
De acuerdo con la Ley, el artículo 258 señala: "Comete delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría para tales efectos, preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga para el Distrito Federal" y establece sanciones de tres meses a dos años de prisión y una multa de 480 a 500 días de salario mínimo.
El artículo 260 señala una pena de tres a seis años de prisión y multa de 700 a 1.000 días de salario mínimo "a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión correspondiente".
El Economista buscó a Uber y Cabify, quienes aseguraron que aún no han recibido alguna notificación sobre la denuncia por lo que no detallaron alguna defensa legal.
El líder del grupo taxista adelantó que el próximo martes podría comenzar a desahogarse el proceso y aseguró que presentarán pruebas, incluyendo fotografías de taxis sin concesión (piratas) operando en la capital del país, así como testimonios ante medios de comunicación por parte de los directivos de Uber y Cabify que presuntamente demostrarían su ilegalidad.
"De parte del Procurador (Rodolfo Fernando) Díaz Garza, nos mandaron ya la posibilidad de ir la mesa el martes. En principio, la denuncia contra la Semovi iría hacia la Fiscalía de Servidores Públicos por la omisión señalada por parte del Secretario, y la denuncia de Uber y Cabify a la Fiscalía de Transporte", dijo Medina.
Al ser cuestionado si el conflicto contra Uber y Cabify había escalado a tal magnitud de buscar un recurso penal, el representante del gremio taxista acusó de que el gobierno hizo caso omiso de la exigencia del sector por prohibir estas aplicaciones así como del retiro de taxis piratas.
"Vemos una inacción por parte de la autoridad e indiferencia. El Secretario (Rufino Tovar) no ha realizado mesas de trabajo con nosotros luego de que hace un mes interpusimos una queja administrativa. Él no está mostrando el interés obligado. Si es el órgano regulador, el Secretario está obligado a sentarse", acusó Daniel Medina.
Edgardo Rivera, director general de Cabify México aseguró que ellos sí han tenido algunos acercamientos con las autoridades pero aún no se define una fecha para dar respuesta.
"Hemos tenido algunas reuniones con el Secretario. Hasta ahorita se ha mostrado muy receptivo, está abierto a escuchar propuestas que complementen la movilidad de la ciudad de México pero estamos a la espera una resolución. Nos han pedido que seamos pacientes y que nos contactarán cuando haya alguna respuesta", dijo.
Rocío Paniagua, vocera de Uber, dijo que desde su llegada a México se han acercado a las autoridades para desarrollar una legislación de movilidad que integre la tecnología.
Pero el líder de los taxistas es enfático en que no aceptarán alguna regulación que permita la operación de Uber y Cabify pues, dice, les generan una afectación de US$1,63 millones diarios si se suma la operación de los taxis piratas. En la denuncia no se marca algún resarcimiento para los taxistas.
El Economista ha buscado al titular de la Semovi desde que los taxistas se manifestaron públicamente contra estos servicios, en octubre pasado, pero no se ha obtenido una respuesta.
Van más denuncias y movilizaciones
Daniel Medina, también vocero de la Asociación de Taxistas Regulados del Distrito Federal, dijo que después de la denuncia interpuesta en representación de Génesis, paulatinamente, se interpondrán incluso 35 denuncias más de esta naturaleza por cada agrupación de concesionarios registrados.
De no existir un avance, los taxistas de la capital del país prevén la realización de nuevas acciones, incluyendo movilizaciones para insistir en la prohibición de estos nuevos servicios de transportación. Medina sugiere que se tome el ejemplo de países como India, España o Alemania donde ya se ha prohibido el servicio de Uber.
Pero Edgardo Rivera, de Cabify, se dijo preocupado por la posición de los taxistas pues ve el riesgo de que puedan aumentar las agresiones en contra de los choferes y usuarios de estas aplicaciones móviles.
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