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Los fondos pagarán un impuesto de entre 0% y 15% según el monto y el momento en que se los reingrese al país, dijo el gobierno en una declaración. El gobierno necesita US$3.400 millones para pagar sentencias judiciales favorables a jubilados, así como otros US$4.980 millones por año para pagar jubilaciones más altas en el futuro.
“Esta ley es un instrumento que estamos enviando al Congreso que busca reparar años de injusticia. Nos encontramos con muchas situaciones de jubilados que ganaron juicios y el Estado utilizó cualquier artimaña para no pagarles. Vamos a terminar con décadas de estafa”, dijo Macri en un discurso.
Macri tendrá que superar la desconfianza de la población en las autoridades argentinas para que el blanqueo de capitales tenga éxito. Durante el cese de pagos de 2001, el gobierno restringió los retiros de los bancos y convirtió a pesos los ahorros en dólares de la gente, mientras la moneda local se derrumbaba 75%. De todos modos, un acuerdo impositivo internacional que entrará en vigencia en 2017 hará que a los argentinos les resulte mucho más difícil seguir ocultando fondos en el exterior, dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Con la amnistía impositiva “es la primera vez que se premia a los que siempre estuvieron al día”, señaló Prat-Gay. “Ofrecemos esta última oportunidad porque a partir de enero el gobierno va a tener todos los instrumentos que nunca tuvo de preguntar dónde está ese dinero”, añadió.
Activos en el exterior
Los argentinos tenían en 2012 alrededor de US$400.000 millones en activos en el exterior, según cálculos del Centro Económico y Financiero para el Desarrollo de Argentina. Es probable que la cifra haya aumentado a US$500.000 millones, según Jorge Gaggero, fundador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Argentina tratará de imitar a Chile, donde el año pasado una amnistía similar atrajo US$1.500 millones, más de 10 veces el monto pronosticado.
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