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Nuevas medidas fiscales
La iniciativa se instrumentalizará mediante un castigo fiscal, por hasta 100% del valor del inmueble, que desincentive la compra
El Gobierno estudia un tributo especial o un recargo del Impuesto de Transmisiones para limitar la adquisición de casas en España por extranjeros extracomunitarios no residentes, quienes sobre todo compran en la costa. Los extranjeros no residentes compran 55.000 casas al año, frente a las 90.000 que se construyen
Una de las medidas más novedosas del plan de vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes ante la "emergencia habitacional" del país es la limitación de las compras casas por parte de extranjeros no residentes procedentes de fuera de la Unión Europea. La iniciativa, avanzó el presidente, se instrumentalizará mediante un castigo fiscal, por hasta el 100% del valor del inmueble, que desincentive estas operaciones. El Ejecutivo argumenta que los no residentes acaparan cada año el equivalente a más de la mitad de las viviendas que se construyen. Británicos, rusos y latinoamericanos serán tres de los colectivos más afectados por la medida, dado su peso en la adquisición de inmuebles residenciales, especialmente a lo largo de la costa española.
"Después de haber hecho un trabajo muy minucioso por parte del Gobierno de España, hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes", anunció este lunes Sánchez durante la clausura del acto Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, en Madrid. "Lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta 100% del valor del inmueble", aseveró Sánchez, sin ofrecer más detalles al respecto. "Esta es una medida inédita en la historia de nuestro país pero que ya se está aplicando en otras economías y democracias, por ejemplo en Dinamarca o Canadá. Consideramos que es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional en nuestro país", defendió.
Desde el Gobierno explican que la fórmula concreta de aplicación de la medida está todavía pendiente de definir, pero que la legislación europea y la jurisprudencia existente impiden discriminar a los extranjeros comunitarios. Tampoco parecía sencillo prohibir toda compra por parte de extranjeros de fuera de la UE no residentes en España, por lo que se ha optado por desincentivar sus operaciones mediante la fiscalidad. En este marco, el Gobierno baraja intensificar para ellos la carga del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), y en particular su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). Aunque se trata de un impuesto estatal, que habitualmente grava al 10% la compraventa de viviendas de segunda mano, su gestión está cedida a las comunidades autónomas que, de hecho, ya vienen modificando su aplicación en cada territorio con tipos que caen al 6% en regiones como Madrid y potentes bonificaciones. Por tanto, advierte Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo de Economía, las autonomías del PP podría torpedear esta vía de penalización de las compraventas de no residentes aprovechando sus capacidades normativas. Conscientes de ello, fuentes del Gobierno admiten que en paralelo se está estudiando la aplicación de un impuesto especial.
El objetivo de fondo es limitar este tipo de operaciones encareciéndolas. "Solo en 2023, los no residentes compraron en España alrededor de 27.000 casas o pisos. Lo hicieron no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares, lo hicieron principalmente para especular, para ganar dinero con ellas, algo que en el contexto de escasez residencial que vivimos evidentemente no podemos permitirnos", alegó Sánchez.
En realidad, los últimos datos oficiales de informe anual del Observatorio de Vivienda y Suelo, publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, indican que el número de compradores no residentes en España en el conjunto del ejercicio 2023 ascendieron a 54.944. Aunque la cifra incluye vivienda nueva y de segunda mano, la cifra supone el equivalente al 62% de las 89.119 viviendas nuevas terminadas en todo el año.
En total, la compra de vivienda por parte de extranjeros en 2023, último ejercicio completo del que se dispone de cifras, ascendió a 123.159 inmuebles, lo que supone un 19,3% del total de 638.522 transacciones registradas. Las compras llevadas a cabo por extranjeros no residentes supusieron, a su vez, 44% de las adquisiciones de extranjeros y un 8,6% del total.
Desde este punto, los datos de los Registradores de la Propiedad permiten identificar a los compradores por nacionalidad. Destacan con fuerza los procedentes de Reino Unido, responsables del 9,5% del total de compras de viviendas selladas por extranjeros, y que por su carácter extracomunitario tras el Brexit sería el colectivo más afectado por la nueva limitación.
A partir de ahí, las nacionalidades más comunes son las de vecinos de la Unión Europea (con Alemania y Francia a la cabeza) o los de extranjeros que mayoritariamente llegan para residir y trabajar en España, como es el caso de los marroquíes, que no se verían afectados. Sin embargo, son relevantes los compradores procedentes de Rusia (3,12% de las compras extranjeras) o China (2,87%), que duplican a los de EE.UU. (1,6%), que sí serían fiscalmente castigados. Otro perfil claramente afectado sería el de los latinoamericanos, entre los que destacan los argentinos (1,13%), si bien habría que discriminar a los compradores no residentes.
En cuanto a los mercados que más se destensarían con la medida destaca Baleares (31,5% de las compras extranjeras), Comunidad Valenciana (29,3%), Canarias (28,5%), Murcia (23,8%), Cataluña (15,8%) y Andalucía (14,9%).
"En el Gobierno de coalición progresista siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo los brazos abiertos a la inversión extranjera", prometió Sánchez, pero matizó que busca que "esa inversión sea productiva, que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular". "Nuestras viviendas no pueden servir como un activo financiero o un depósito bancario, deben servir para que vivan en ella los españoles y también los migrantes que vienen a nuestro país a trabajar", agregó, confiando en que el resto de grupos apoye su propuesta en el Parlamento.
Desde el Reaf asumen que la medida será compleja de articular y de aprobar, pero destacan que el mero anuncio y su eco en la prensa extranjera, en particular la británica, ya paraliza decisiones de compra.
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