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Al menos 20 multinacionales se han ido del país en la última década, y Conindustria estima que 800 compañías ahora pertenecen al Estado
Luego de 104 años de actividad, Citigroup anunció que el Banco Nacional de Crédito (BNC) adquirirá las operaciones de Citi en Venezuela. Ahora, el banco amplía la lista de más de 20 multinacionales que han dejado de operar en el país en la última década.
“Hemos sufrido la pérdida de muchas multinacionales en comunicaciones, alimentos, automotriz, en donde de hecho no quedó ninguna, y en general muchas se han ido del país”, dijo Adán Celis, presidente de la Confederación Nacional de Industriales (Conindustria), que estimó que 800 empresas han pasado a manos del Estado.
Desde 2012, más de 20 empresas, como la distribuidora de juguetes Mattel, han tomado la decisión de cerrar sus operaciones en el país. En 2011, la organización contaba con 60 empleados.
Dos años después, en 2014, el fabricante de productos de limpieza, Clorox, anunció su salida de Venezuela. En su momento, la compañía explicó que durante cerca de tres años se vio obligada a vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el gobierno, lo que provocó incrementos en los costos de producción y, por lo tanto, poca capacidad financiera para seguir en el país.
Algunas aerolíneas también consideraron que la crisis no les permitía ser sostenibles; ese fue el caso de Air Canada, Alitalia, United Airlines, Lufthansa, Delta y Avianca, que finalmente detuvieron completamente su actividad aérea, incluso, tras permanecer más de 60 años prestando el servicio, como lo fue el caso de Avianca.
A su vez, organizaciones de la industria automotriz, como Pirelli, migraron en agosto de 2018 debido a la falta de materia prima para su actividad.
En ese mismo año también salió del país la agroalimentaria Kellogg, ante las presiones del gobierno, y la misma decisión tomó Cargill en 2020. Este año, antes de Citi, el grupo español Inditex anunció el cierre de las últimas tiendas que le quedaban, después de tener presencia en el país desde 2007.
La preocupación por el cierre de la mina perjudicó el valor de los bonos y ha causado que los operadores traten la deuda del país como un crédito con grado especulativo
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