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Petrolera Chevron
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La disputa se remonta a un litigio de más de dos décadas relacionado con las operaciones de Texaco, compañía que fue adquirida por Chevron en 2001
Chevron y su filial TexPet acudieron a una corte federal de Estados Unidos en Washington para exigir el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagarles más de US$224 millones.
Las compañías presentaron el 17 de julio una petición ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, con la que buscan que la justicia estadounidense ordene a Ecuador cumplir con la obligación económica establecida por la Haya en 2025.
El monto de la reclamación llega a US$224,3 millones e incluye daños, intereses y otros valores acumulados hasta el inicio del proceso judicial. Chevron y TexPet sostienen que el laudo es definitivo y vinculante y que Ecuador no ha realizado ningún pago.
El monto exigido corresponde a lo estipulado en el laudo arbitral dictado en La Haya el 17 de noviembre de 2025 y corregido el 5 de febrero de 2026. Por daños, la obligación asciende a US$175,7 millones, los intereses previos a la decisión suman US$40,4 millones y los recargos posteriores hasta julio, US$8,1 millones.
La disputa se remonta a un litigio de más de dos décadas relacionado con las operaciones de TexPet, compañía que fue adquirida por Chevron en 2001. En 1995 y 1998, la empresa suscribió acuerdos con Ecuador relacionados con la remediación de áreas afectadas por sus operaciones petroleras.
Sin embargo, en 2003, comunidades de la Amazonía ecuatoriana iniciaron un proceso ambiental contra Chevron en la provincia de Sucumbíos. Ahí empezó una disputa judicial y arbitral entre la petrolera y el Estado.
En consecuencia, para 2011, la corte de Sucumbíos condenó a la petrolera por daños ambientales. Sin embargo, Chevron ya había iniciado en 2009 un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, alegando que Ecuador violó el tratado de inversiones al permitir ese juicio.
En 2018 el caso dio un giro importante, cuando los árbitros internacionales aseguraron que la sentencia dictada en Lago Agrio habría sido redactada de forma corrupta por abogados de los demandantes a cambio de sobornos.
Así, tras revelarse la responsabilidad del Estado, la disputa entro en una fase para determinar los daños. En esta instancia Chevron pidió más de US$790 millones por los gastos legales incurridos.
Sin embargo, los juegos internacionales aplicaron un estándar y excluyeron 85% de los costos, argumentando que fue una estrategia excesivamente costosa.
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