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Cataluña dijo el lunes que confía en que todos los funcionarios, incluida la policía, desafíen los intentos del Gobierno español de imponer el control directo sobre la región, en una creciente disputa que está generando inquietud entre los aliados europeos de España.
El Ejecutivo español invocó facultades constitucionales especiales para destituir al gobierno regional y forzar la celebración de nuevas elecciones, en un intento por frenar una iniciativa independentista que ha sacudido a la economía del país.
El Senado votará el viernes la validación de las medidas aprobadas el sábado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
No obstante, los líderes de la campaña secesionista aseguran que el polémico referendo del 1 de octubre les dio el mandato para reclamar su independencia del resto de España.
"No es que vayamos a ignorar (las órdenes). No es una decisión personal. Es una decisión de siete millones de personas", afirmó el consejero de Exteriores catalán, Raül Romeva, a BBC Radio.
Romeva fue preguntado acerca de si todas las instituciones, incluida la policía, seguirán las órdenes de las autoridades catalanas en vez de las que provengan de Madrid.
"Y desde esta perspectiva, no tengo duda de que todos los funcionarios públicos en Cataluña continuarán siguiendo las instrucciones emanadas de las instituciones electas y legítimas que tenemos ahora mismo (en Cataluña)", aseguró.
La crisis catalana está generando preocupación entre los países europeos, que temen que se contagie al resto del continente.
Desde Escocia a Flandes pasando por Lombardía, la crisis financiera de 2007-09, el desempleo y la inmigración han permitido que los partidos antieuropeos y populistas se alimenten del descontento con las elites políticas y reabran las divisiones regionales.
La desobediencia civil fue respaldada también por el partido de extrema izquierda CUP, un apoyo proindependentista clave del gobierno catalán en el Parlamento regional, que calificó las acciones de Madrid como una agresión contra todos los catalanes.
"Una agresión que encontrará una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía", dijo la CUP en un comunicado.
Varios cientos de consistorios municipales catalanes dijeron que están en contra del gobierno directo desde Madrid y pidieron al Parlamento regional que vote una moción de rechazo.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, convocó al Parlamento regional para que se reúna esta semana para acordar una respuesta a Madrid, algo que muchos observadores creen que podría allanar el camino para una declaración formal de independencia. La cámara autonómica se reunirá el jueves para decidir una respuesta a las medidas del Gobierno central.
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