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A pesar del cierre gubernamental que se ha prolongado durante meses, la administración Trump no ha accedido a ninguno de los cambios en las tácticas del ICE que solicitaban los demócratas
El cierre parcial más largo de la historia de Estados Unidos está llegando a su fin, ya que la Cámara de Representantes aprobó el jueves la financiación para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, pocos días antes de que los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte no pudieran pagar sus salarios, lo que amenazaba con sumir a los aeropuertos en el caos.
El Senado aprobó por unanimidad el paquete de financiación hace semanas, y la Casa Blanca ha dicho que el presidente Donald Trump lo firmará.
La medida financia a todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza. Los republicanos planean abordar el aumento de las medidas de control migratorio en un futuro proyecto de ley partidista.
Los demócratas han declarado que no apoyarán la represión migratoria de Trump sin cambios en las tácticas de aplicación de la ley, lo que provocó el cierre del gobierno que comenzó el 14 de febrero.
Los agentes de la TSA se reportaron enfermos al inicio del cierre del gobierno para protestar por la falta de pago de sus salarios, lo que llevó a Trump a ordenar a finales de marzo que los agentes de seguridad aeroportuaria recibieran su salario con otros fondos.
La Casa Blanca advirtió al Congreso en un memorando esta semana que esos fondos se están agotando y que los agentes de seguridad de la TSA y otros trabajadores no recibirían sueldo en mayo si el Congreso no tomaba medidas. El ICE y la Patrulla Fronteriza ya cuentan con fondos para sus actividades gracias a la ley de impuestos y gastos de 2025 de Trump y nunca se habían enfrentado a la situación de trabajar sin cobrar.
Ante la amenaza de nuevos disturbios en los aeropuertos, los republicanos superaron esta semana sus diferencias internas para impulsar un plan que, mediante un proceso presupuestario partidista, destinaría US$70.000 millones adicionales a redadas de inmigración durante el resto del mandato de Trump. Trump ha instado a los legisladores a actuar con rapidez en esta medida y evitar disputas políticas más amplias sobre recortes de impuestos y gastos.
Los demócratas, impulsados por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes del DHS, habían exigido restricciones a las actividades de control del ICE, incluyendo la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes y la exigencia de obtener una orden judicial para entrar en domicilios particulares.
A pesar del cierre gubernamental que se ha prolongado durante meses, la administración Trump no ha accedido a ninguno de los cambios en las tácticas del ICE que solicitaban los demócratas.
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