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Mediante una nota de prensa, la Procuraduría defendió que esta modalidad esta basada en la libertad del trabajador y su libre decisión sobre su patrimonio. Con ello explicó que es “un ejercicio de autonomía personal responsable, toda vez que son los primeros que deben verificar su propia capacidad de pago”, teniendo en cuenta que la ley establece que no se puede afectar más de 50% del ingreso.
El organismo de control concluyó que dicha Ley promueve el acceso a la población de bajos recursos a préstamos legales con entidades financieras y bancarias, que se encuentran bajo vigilancia del Estado, y evita que recurran a créditos informales, que por lo general, aumentan su condición de pobreza.
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El Senado aún debe aprobar la resolución antes de enviarla a la Cámara de Representantes, que difícilmente avalará la medida
