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Trump se alista para el choque con las llamadas ciudades santuario
EE.UU.

Así se preparan las ciudades santuario para otro enfrentamiento con Donald Trump

domingo, 19 de enero de 2025

Trump se alista para el choque con las llamadas ciudades santuario

Foto: Bloomberg

En su segunda admistración, Trump se prepara para pelear contra las ciudades que permiten la estadía de personas sin estatus migratorio

Bloomberg

Ciudades de todo Estados Unidos se están preparando para proteger a los inmigrantes del programa de deportaciones masivas que planea Donald Trump durante su segunda presidencia.

En noviembre, Los Ángeles aprobó una ordenanza que prohíbe que los recursos municipales se utilicen para la aplicación de las leyes federales de inmigración. En enero, las autoridades de la ciudad de Nueva York cerraron un refugio para inmigrantes en terrenos federales que se consideraba un objetivo probable de redadas de inmigración. La junta de supervisores de San Diego aprobó una política que prohíbe a las agencias del condado trabajar con las autoridades federales de inmigración. Y en los últimos meses, los alcaldes de Chicago y Denver han reiterado que sus ciudades no participarán en la aplicación de las leyes de inmigración bajo el gobierno de Trump.

Durante su primer mandato, los esfuerzos de Trump por aprovechar el poder del gobierno federal contra las llamadas ciudades santuario fueron en gran medida infructuosos, y las políticas de santuario en todo el país frustraron su agenda de deportación. Su administración ahora se está preparando para una nueva ronda de peleas con estas jurisdicciones. Esto es lo que debe saber.

¿Qué es una ciudad santuario?

Una ciudad santuario no es una designación legal, aunque se entiende que significa una jurisdicción con políticas que permiten a los inmigrantes vivir sin miedo a ser arrestados o deportados. El movimiento se remonta a la década de 1980, cuando las instituciones religiosas brindaron refugio seguro a los centroamericanos que huían de los conflictos civiles. San Francisco, Chicago y Los Ángeles estuvieron entre las primeras grandes ciudades en implementar políticas de santuario.

En la actualidad, el estatus de “santuario” se aplica a municipios, condados y estados que no exigen que los residentes revelen su estatus migratorio para recibir beneficios públicos, como acceso a escuelas o atención de emergencia; que limitan la divulgación del estatus migratorio de los residentes al gobierno federal; o que se abstienen de arrestar a personas únicamente sobre la base de su estatus migratorio. Algunas jurisdicciones hacen las tres cosas.

¿Cuántas jurisdicciones tienen políticas de santuario?

No existe una lista definitiva. Sin embargo, según el Centro de Estudios de Inmigración , a partir de enero de 2025, 13 estados y más de 200 ciudades y condados tienen políticas que limitan el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

Además, un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de junio encontró 697 cárceles y prisiones que rechazan las solicitudes federales para detener a inmigrantes en cárceles locales o los aceptan de manera limitada.

¿Por qué negarse a cooperar con los funcionarios federales perturba los esfuerzos de deportación?
Encontrar y detener a personas que viven en el interior de Estados Unidos requiere una gran cantidad de recursos, y el ICE depende de los gobiernos estatales y locales para llevar a cabo su trabajo. La agencia tiene 20.000 empleados, y solo una pequeña fracción de ellos se encarga de actividades de control de inmigración. En cambio, hay casi 800.000 agentes de policía estatales y locales en todo el país.

Una de las formas más comunes en que una persona en el interior de Estados Unidos termina bajo custodia del ICE es a través de un arresto por parte de las fuerzas de seguridad locales. Las huellas dactilares de las personas arrestadas en Estados Unidos se envían a una base de datos federal, lo que permite a las autoridades de inmigración identificar a los inmigrantes y solicitar que sean detenidos o transferidos a custodia federal después de su liberación. Ese proceso se llama orden de detención de inmigración. Más del 70% de los arrestos del ICE realizados dentro de Estados Unidos son el resultado de transferencias de otras agencias de seguridad, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización nacional sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.

Cumplir con una solicitud de detención es voluntario. En un fallo de 1997, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales a hacer cumplir la ley federal, una doctrina conocida como el “principio anti-requisición”. En otras palabras, las ciudades santuario están en su derecho legal de negarse a transferir inmigrantes a la custodia federal.

Los planes de deportación anteriores de Trump se vieron frustrados en parte por políticas de incumplimiento en jurisdicciones santuario. El ICE deportó a casi 1,4 millones de personas durante la primera presidencia de Trump, menos que los totales del mandato de Joe Biden o de cualquiera de los dos de Barack Obama.

¿Cómo luchó Trump contra esas políticas durante su primer mandato?

A pocos días de iniciar su primer mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que pretendía restringir la financiación federal a las ciudades con políticas de santuario. La orden fue finalmente bloqueada por tribunales federales y declarada inconstitucional ese mismo año.

Su administración también bloqueó el acceso de las ciudades santuario a un programa del Departamento de Justicia que reparte cientos de millones de dólares anuales a las agencias policiales locales. La ciudad de Nueva York y siete estados impugnaron la política, y la batalla legal llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en 2020, que desestimó el caso cuando Biden asumió el cargo y anuló la política.

La administración Trump también impugnó las leyes de santuario de algunas jurisdicciones en los tribunales, como cuando presentó una demanda por una ley de santuario del estado de California . La demanda fracasó y la ley sigue en pie. Prohíbe a la policía y a los alguaciles estatales y locales preguntar a las personas por su estatus migratorio; realizar arrestos basándose únicamente en la mayoría de las violaciones de la ley de inmigración; compartir la información personal de un individuo con agentes federales de inmigración a menos que esa información ya fuera pública; y entregar a los detenidos a agentes federales de inmigración en la mayoría de las circunstancias.

¿Cómo se preparan las jurisdicciones santuario para resistir los planes de Trump esta vez?

Después de las elecciones de noviembre, un puñado de jurisdicciones tomaron medidas adicionales para prepararse para la ofensiva migratoria de Trump. Los Ángeles ya tenía una política de santuario en vigor, pero no se había incorporado a la ley municipal hasta la aprobación de la ordenanza de noviembre. En diciembre, St. Louis aprobó un proyecto de ley que pone a disposición de todos los residentes de la ciudad tarjetas de identificación municipales de forma gratuita. Esto permitirá a cualquier persona, independientemente de su estatus, acceder a determinados servicios municipales y evitará que las personas tengan que utilizar documentos de inmigración como identificación.

El estado de California celebró una sesión legislativa especial a principios de diciembre, y los legisladores presentaron un proyecto de ley para reservar 25 millones de dólares para honorarios legales en respuesta a los ataques de la administración a las políticas estatales, incluida la inmigración.

¿Cómo están respondiendo Trump y sus aliados?

Trump y su zar fronterizo, Tom Homan, han dicho que castigarán a las jurisdicciones que no cooperen con los planes de deportación de su administración. Homan dijo que estaría dispuesto a encarcelar al alcalde de Denver, Mike Johnston, por las políticas de inmigración de la ciudad. La administración también ha amenazado con retener la financiación a las ciudades con políticas de santuario, una medida que probablemente conduciría a otra ronda de impugnaciones legales.

En noviembre, Homan arremetió contra los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles por adoptar una política de santuario. “Si no quieren ayudar, quítense del camino”, dijo en Newsmax. “Si tengo que enviar el doble de oficiales a Los Ángeles porque no recibimos ninguna ayuda, entonces eso es lo que vamos a hacer”.

Según se informa, Trump también está buscando revocar la política de la agencia que impide los arrestos de ICE en lugares sensibles, incluidas escuelas e iglesias.

¿Qué sucede en jurisdicciones que no son santuario?

Muchas jurisdicciones colaboran activamente con el ICE a través de un programa llamado 287(g), que permite a los agentes de policía estatales y locales llevar a cabo ciertas funciones de control de inmigración. Los agentes designados en virtud del 287(g) pueden interrogar a las personas sobre su estatus migratorio y buscar información personal de los detenidos en las bases de datos del ICE. Actualmente, hay 135 agencias de policía locales que colaboran con el ICE para ayudar a identificar y procesar a personas para su deportación o ayudar a las autoridades federales de inmigración a cumplir órdenes judiciales por violaciones civiles de la ley de inmigración.

Otras jurisdicciones han ido un paso más allá. En noviembre, Arizona aprobó una medida electoral que, si entra en vigor, permitiría a las fuerzas de seguridad estatales y locales arrestar y deportar a personas por infracciones a las leyes de inmigración. La ley, al igual que otras leyes similares aprobadas en Texas, Iowa y Oklahoma, está suspendida a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la ley de Texas. Si se permite que la ley de Texas entre en vigor, se espera que desencadene una ola de legislación en los estados republicanos de todo el país.

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