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Alejandro Grisanti señaló que sus representantes en EE.UU. habían solicitado a Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a Citgo de la incautación
La minera canadiense Crystallex necesitaría solicitar una licencia a las sanciones de Estados Unidos sobre Pdvsa antes de poder tomar el control de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana, dijo el miércoles un asesor del líder opositor de la nación Opep.
El lunes, un tribunal de Estados Unidos dictaminó que Crystallex podría tomar activos del refinador Citgo como forma de cobrar una deuda de US$1.400 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela en 2008.
En enero, la administración del presidente Donald Trump aumentó las sanciones como parte de un intento por presionar al presidente de Nicolás Maduro para que renuncie, pero esas acciones complicarían el esfuerzo de Crystallex para controlar Citgo, dijo Alejandro Grisanti, asesor del jefe del Parlamento, Juan Guaidó. "La sentencia (...) establece claramente que Crystallex va a necesitar una licencia para poder ejecutar el activo", agregó a Reuters en una entrevista telefónica Grisanti, quien forma parte de la junta transitoria de Pdvsa que fue designada por Guaidó.
El líder opositor invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado argumentando que Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos en mayo del 2018.
Maduro dice que Guaidó es un "títere" de Estados Unidos y que busca derrocarlo.
Refiriéndose al caso Crystallex, la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, en declaraciones el miércoles a la televisión estatal, dijo que el gobierno tomaría todas las medidas necesarias para "proteger los derechos legítimos de los venezolanos".
"Una corte de los Estados Unidos, en Delaware, dictó una insólita decisión dando a una empresa minera llamada Crystallex (...) que ha decidido expropiar los activos de Pdvsa en los Estados Unidos, concretados en la empresa Citgo", dijo Rodríguez.
El fiscal general, Tarek Saab, dijo el miércoles por la tarde que su oficina estaba abriendo una investigación penal a José Ignacio Hernández, un abogado venezolano que vive en Estados Unidos y que Guaidó designó en febrero como su representante legal en el extranjero.
Los registros judiciales muestran que Hernández en 2017 proporcionó a los abogados de Crystallex testimonios de expertos sobre la relación entre Pdvsa y el gobierno de Venezuela.
En un comunicado, Saab dijo que esa acción de Hernández equivalía a "un conflicto de intereses que viola toda ética judicial" y es una "traición a sus conciudadanos".
Cuando Reuters le pidió comentarios, Hernández dijo que Saab "no tenía autoridad".
"Fue designado por la Asamblea Constituyente fraudulenta", dijo Hernández, refiriéndose a una legislatura progubernamental creada en 2017 y que la oposición considera ilegítima. "Por lo tanto, no puede abrir una investigación criminal", agregó.
Ni Crystallex ni el Departamento del Tesoro respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Crystallex no es la única amenaza que pesa sobre Citgo. Pdvsa puso como garantía la mitad de las acciones de Citgo para los bonos 2020 y si en octubre se complica el pago de capital por unos US$913 millones los bonistas podrían ejercer acciones sobre ese activo.
Grisanti señaló que sus representantes en Estados Unidos habían solicitado al gobierno de Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a Citgo de la incautación.
"Queremos que el gobierno estadounidense entienda que lo peor que puede pasar para el final (del gobierno de Maduro) es no proteger los activos de Venezuela", agregó.
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