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Argentina se asoma de nuevo a la depresión

viernes, 1 de agosto de 2014
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La guerra fría entre el Ejecutivo argentino y los fondos buitre que litigan contra él no sólo ha desembocado ya –una vez cumplido el plazo legal de las negociaciones– en una «suspensión de pagos selectiva», a juicio de la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P). También ha degenerado en un galimatías laberíntico con tentáculos jurídicos, económicos y diplomáticos.

Para empezar, un reducido grupo de acreedores (un 1% del total; fundamentalmente, los hedge fund NML Capital y Aurelius Capital) no acepta una quita en sus bonos, por lo que podría llegar a forzar la quiebra del país. Pero si se les concede un trato mejor que al resto de bonistas, estos últimos podrían exigir un trato igual, debido a una cláusula de los contratos (denominada RUFO), con lo que Argentina se podría ver obligada a desembolsar más de US$100.000 millones adicionales y el país... también quebraría.

Ese escenario, un callejón sin salida aparente, sería catastrófico. Si Argentina suspendiera pagos su PIB real se desplomaría un 3,5% en 2014, según un estudio de la consultora Abeceb. Esto es, dos puntos más que si no se produjera ese ‘default’ total y cuatro puntos por debajo de las previsiones del FMI. Además, la inflación, que ahora se sitúa en el entorno del 30%, se elevaría hasta el 41% y el consumo caería un 3,8%, más del doble que si el Gobierno de Cristina Fernández lograra esquivar el abismo económico.

El propio ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, aseguró que “las consecuencias del default [no «selectivo», sino de toda la deuda] no son predecibles, pero ciertamente no son positivas”.

Matías Lama, analista de AFI, opina que “puede haber una crisis de confianza que agrave la situación de recesión del país. El riesgo es que los argentinos vuelvan a comprar dólares y se deprecie el peso. Argentina tardaría mucho en volver a los mercados”.

La vía privada
La situación es, cuando menos, difícil para el Ejecutivo peronista. Casi con toda seguridad, el desatasco del conflicto ha de venir del sector privado, bien de cierta ingeniería financiera –con garantías bancarias–, bien de un natural cruce de oferta y demanda –o sea, que la banca compre los bonos de los fondos buitre y luego negocie con el Estado argentino–. Ese es el escenario principal que puede fructificar, ya que han surgido no pocos caballos blancos.

Para empezar, un pool de entidades argentinas ha negociado en Nueva York con los acreedores díscolos (llamados holdouts en EE.UU.) para intentar adquirir sus títulos de deuda, pero no han logrado un acuerdo y los representantes de las entidades volvieron ayer a Buenos Aires. El fondo especulativo Aurelius Capital aseguró en un comunicado que ninguna oferta era “merecedora de consideración seria”.

El banco estadounidense JPMorgan Chase también negocia la compra de los bonos impagados. El periódico porteño Ámbito informó de que JPMorgan y Citigroup negociaron la compra de los bonos de NML y otros holdouts. HSBC también busca adquirir parte de los títulos.

Los bancos y los fondos buitre no discutieron ayer la cantidad a pagar por sus bonos US$1.500 millones, pero en las negociaciones la tirantez surgió en cuanto a los plazos de pago y sus cantidades. Los fondos exigen cobrar la mitad antes de fin de año. El acuerdo se produciría de rebajarse drásticamente esta cifra. Los pagos se efectuarían siempre con un canje por otros bonos argentinos.

Para intentar desobstruir del todo las conversaciones, el juez neoyorquino Thomas Griesa, que instruye la causa entre el Ejecutivo argentino y los holdouts estadounidenses, los ha convocado hoy a una audiencia.

Cabe recordar que los acreedores que sí aceptaron una reestructuración de su deuda tampoco han cobrado lo que se les adeudaba, porque Griesa paralizó los fondos, amparándose en la cláusula pari passu, que obliga al pago simultáneo de todos los bonos.

El que afecta a esos tenedores es el impago “selectivo” al que se refiere la agencia de ráting S&P. Argentina ya giró el dinero, pero los bonistas no lo han cobrado, porque está retenido en el Bank of New York Mellon, cosa que da buena cuenta de lo espinoso de esta situación (“inédita” e “insólita”, en boca de Kicillof).

Algo similar opinan los gobiernos de EE.UU. y Francia, así como prestigiosos economistas como el Nobel Joseph Stiglitz, ya que todos ellos apoyan a Argentina.

Todo encalló en la ya famosa cláusula RUFO (Right Upon Future Offers, por sus siglas en inglés, o sea: derecho sobre las ofertas futuras), que permite a los acreedores pedir las mismas condiciones de cobro (mejores, se entiende) que se concedan a otros bonistas. Pero también ahí hay debate y dudas: muchos analistas creen que esa cláusula sólo aplica en casos voluntarios, no si lo fuerza un juez. El Gobierno del país y otros muchos expertos piensan lo contrario, con lo que esa ficha ha vuelto a la casilla de salida.

La cláusula RUFO vence en diciembre de este año. La estrategia del Ejecutivo de Fernández de Kirchner es apurar ese plazo, pero se le puede hacer demasiado tarde. De hecho, en la situación actual, con una suspensión de pagos selectiva como la decretada por S&P, si un 25% de los acreedores de bonos bajo ley extranjera demanda que se aceleren los pagos, Argentina se vería obligada a hacerlo, con lo cual la tercera potencia suramericana se adentraría, de nuevo, en las arenas movedizas del ‘default total’.

Dijo uno de los economistas de cabecera de Kirchner y Kicillof que “la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa”. Por el bien de Argentina, que así sea.

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