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Corte Constitucional de Ecuador reconoce en un fallo el derecho a practicar eutanasia.
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Paola Roldán, quien fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en 2020, presentó en agosto del año pasado una petición
La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el miércoles una solicitud de un paciente terminal, para despenalizar la eutanasia activa y ordenó a la Asamblea Nacional aprobar una ley que regule el procedimiento en el plazo de un año.
Paola Roldán, quien fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el 2020, presentó en agosto del año pasado un pedido ante la máxima corte para que se le reconozca su derecho a una muerte asistida, dado el deterioro y dolor que le provoca su enfermedad.
La resolución es de aplicación inmediata y Roldán puede optar por la eutanasia cuando ella lo decida, dijeron sus abogados a los periodistas.
En su fallo, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas, incluida "la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable".
Además dispone que para acceder al procedimiento se debe cumplir requisitos previos.
Ecuador es el último país de la región en autorizar la eutanasia, después de Cuba, que dio luz verde en diciembre, y la vecina Colombia, que permite la eutanasia en determinados casos.
Roldán, de 42 años, ha narrado en la red social X las complicaciones diarias de su enfermedad, donde su cuerpo comenzó a rechazar los alimentos que le suministraba por vía intravenosa.
"Hoy ha sido un momento muy especial para mi", dijo Roldán a periodistas, luego de conocer el fallo de la corte, y añadió que ahora se tomará un tiempo junto con sus abogados y familiares para asimilar lo que el fallo significa.
"Agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre, y más digno", añadió.
El fallo del tribunal también ordenó al Ministerio de Salud preparar un reglamento para los procedimientos de eutanasia activa en un plazo de dos meses, como instruyó a la Defensoría del Pueblo para presentar el proyecto de ley que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
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