Ahogamiento a la Intendencia de Montevideo solo explica 2,6% del déficit en Uruguay

Mario Bergara asumió la Intendencia de Montevideo, IM, con una posición incómoda en lo retórico: poner la casa en orden pero sin darle pasto a la oposición que arremete contra los números rojos que dejó su correligionaria y actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Fuera de micrófono y en conversaciones políticas, los jerarcas de la nueva administración no esconden su malestar por la herencia que obliga al intendente a promover medidas de “austeridad”.

Por un lado, fuentes de la intendencia indicaron a El Observador que siguen “cayendo” facturas por servicios prestados que no están contabilizados en el déficit de 2024 y que Bergara ha manejado que el resultado negativo puede ser aún más alto que el reflejado en las cifras cerradas a diciembre. Por otro lado, la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, echó por tierra este martes en la Junta Departamental uno de los principales argumentos de Cosse –y luego de Mauricio Zunino– para justificar las dificultades financieras.

Consultada por el edil Rafael Seijas en el marco de su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Tabárez dijo que “la disminución de las partidas del gobierno nacional” solo explica "2,6 %” del total del déficit de 2024, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Cada vez que era consultada al respecto, Cosse aseguraba que no tenía “ninguna indicación de ningún tema grave” y que la IM es “una institución sólida”, pero que bajo su gestión había sido “sujeto de un ahogamiento del gobierno” de Luis Lacalle Pou. La exposición de motivos de la administración saliente de Zunino –quien tomó la posta una vez que la ingeniera renunció para hacer campaña–, también apuntó contra “la reducción de las transferencias” y el “incumplimiento de pago” de algunos organismos.

Otro dato ilustrativo que la oposición no dejó pasar esta semana es el de los US$ 82 millones, a precios de diciembre del año pasado, de “obligaciones presupuestales impagas”. Si bien es un fenómeno común por cómo son los procedimientos de pago y de contabilidad en la intendencia, fuentes de la comuna remarcan que la cifra final “es un montón” y que buena parte de las gestiones en el corto plazo apuntan a conveniar con los proveedores afectados y evitar una interrupción del servicio.

La directora de Recursos Financieros expuso a los legisladores departamentales que “hay que leer los totales”: la gestión de Zunino comenzó su último ejercicio presupuestal con US$65,5 millones de facturas impagas y cerró el año con US$90,5 millones, por lo que hay casi US$30 millones de pesos de aumento en obligaciones cuyo pago quedó postergado para el año siguiente.

Tabárez explicó que “hay facturas, como las de obras, que van a revisión de los ingenieros, y tienen todo un proceso dentro de la IM”, aparte de que algunos “plazos de pago” dependen de pliegos que establecen períodos desde 30 días en adelante hasta 120 días en adelante. “Puede haber una factura de diciembre que la dejé para pagar en abril, porque el plazo era de 120 días. Entonces, el gasto está generado en el ejercicio, pero lo tengo que pagar después”, contó.

Una parte marginal ya se resolvió con US$8,2 millones que correspondían a “cheques diferidos a pagar” y que tenían que abonarse antes del 10 de julio. Todo el resto de las facturas –con deudas a proveedores como la Universidad de la República o cooperativas de servicios– están siendo atendidas desde el primer día de la gestión.

Y si el panorama ya era magro, en la administración de Bergara entienden que tampoco salieron favorecidos del acuerdo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, y el Congreso de Intendentes. “Con el gobierno nacional, Montevideo marchó”, ilustró una fuente de la intendencia.

El cálculo que hacen es que, mientras que en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez la IM contaba con más de US$ 100 millones mediante el Fondo de Infraestructura Metropolitana, ahora tendrá que compartir US$ 45 millones con la Intendencia de Canelones dentro de una partida global de US$ 80 millones para todos los gobiernos departamentales.

Durante su exposición en la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental, la actual directora de Recursos Financieros empezó haciendo una distinción sobre el número general del déficit. Si bien el ejercicio dio un déficit aproximado de US$ -90.800 millones, ese número incluye el monto de - US$28.400 millones que es un ajuste indicado por el Tribunal de Cuentas y que responde a “la revalorización de las deudas que tiene la Intendencia a largo plazo”.

Por lo tanto, Tabárez planteó hacer referencia al déficit de - US$58.800 millones que es el resultado de la gestión de ese año. El número negativo se debe a dos factores, según indicó la contadora: la intendencia ingresó menos en 2024 de lo que tenía previsto y además mostró “un mayor gasto realizado con respecto a lo presupuestado”.

Al respecto del primer punto, sostuvo: “Si vemos uno a uno los principales ingresos respecto a la proyección, se ve que disminuyeron todos los ingresos, a excepción de la contribución inmobiliaria, que subió US$1,3 milones”.

Por ejemplo, la intendencia esperaba subir 3% lo que recibe por ingresos vehiculares, similar a lo que había pasado en 2023 respecto al año 2022. Sin embargo, en 2024 bajaron 6,2% en relación al año anterior. En total, hubo US$25,5 millones menos de este tipo de activos, principalmente por cómo se comportaron los ingresos de patente y las multas de tránsito.

Otro ingreso que estuvo por debajo del año anterior fue la tarifa de saneamiento que otorgó US$4,5 millones menos de lo previsto. En 2023 había caído el consumo de agua y la intendencia proyectaba revertir la situación en 2024, pero eso no sucedió. Tabárez dijo además que hay una deuda de organismos públicos por tarifa de saneamiento de US$5 millones.