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Claudia Sheinbaum, presidenta de México
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A diferencia de anteriores desavenencias bilaterales, la presidenta mexicana ya no puede alegar que defiende la soberanía de su país mientras EE.UU
A menos de dos años del inicio de un gobierno marcado por las impredecibles de Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum enfrenta hasta ahora su decisión medidas más complejas en la relación con EE.UU.
Las presentaciones en Nueva York contra funcionarios mexicanos actuales y anteriores por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico han sometido a Sheinbaum a una presión sin precedentes. EE.UU. ha solicitado extradiciones en el caso, lo que pone en peligro su apoyo político en el país y la acerca a un enfrentamiento con la Administración Trump.
Sheinbaum, de 63 años, es una fiel seguidora del partido gobernante Morena, elogiada por su ecuanimidad frente a un vecino del norte dominante. Sin embargo, las acusaciones ponen a prueba esa fortaleza. En su rueda de prensa matutina del jueves, donde prometió acatar la ley pero presionó EE.UU. para que presentara pruebas más convincentes, quedó claro que esa fortaleza se verá puesta a prueba.
“No vamos a defender a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. “Sin embargo, si no hay pruebas claras de irregularidades, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Cerrar filas y negarse a extraditar o juzgar a los acusados, incluido el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría provocar la ira de Trump. En el pasado, el presidente estadounidense se ha mostrado dispuesto a utilizar la fuerza económica o incluso militar para imponer su agenda de política exterior.
Por otro lado, la cooperación con EE.UU. en este asunto sería vista como una traición por el ala más dogmática de Morena, que desconfía profundamente de EE.UU. y predica la lealtad al partido por encima de todo lo demás. Mientras tanto, los partidos de la oposición ya han comenzado a utilizar la acusación para revivir señalamientos largamente sostenidos, pero sin pruebas, de que Morena ha sido infiltrada por el crimen organizado, con unas elecciones de medio mandato a solo un año de distancia.
“Este es su gran desafío”, afirmó Shannon O'Neil, vicepresidenta sénior del Consejo de Relaciones Exteriores. “Es un riesgo si investiga y procesa, para el futuro de su partido y su control, y un riesgo si no lo hace ante el pueblo mexicano y los electorales”.
Morena es un partido de amplia base que representa diversos intereses, fundado por el mentor y predecesor de Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas de las personas que se han sumado al movimiento a lo largo de los años se enfrentan a una acusación muy grave, y las imputaciones podrían hacerle un favor a Sheinbaum al darle la oportunidad de hacer limpieza, dijo O'Neil.
“Los mexicanos preferidos están frustrados con la corrupción”, dijo O'Neil. “Y aquí hay una oportunidad para ella y un caso que ha sido construido por el gobierno de EE.UU”.
Sin embargo, la decisión de ir tras Rocha Moya y el resto de los funcionarios acusados podría fracturar el partido y crear facciones que no se alineen con las elecciones del presidente en las elecciones del próximo año, según legisladores que pidieron no ser identificados para poder hablar con libertad. Miembros de Morena ya han instalado al presidente a mantenerse firme y rechazar cualquier exigencia de Washington, dijo una de las personas.
Poco después de que se dieran a conocer las acusaciones el miércoles por la tarde, algunos de los principales colaboradores de Sheinbaum, entre ellos la secretaría de Gobernación, se apresuraron a acudir a su oficina en el Palacio Nacional. Su administración sabía que este escenario era posible, dadas las declaraciones previas de funcionarios estadounidenses sobre la erradicación del crimen, según una persona familiarizada con el asunto.
En su rueda de prensa del jueves, Sheinbaum recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, quien fue detenido en 2020 en EE.UU. por acusación de crimen organizado, solo para ser liberado poco después por falta de pruebas.
La presidenta agregó que bajo ninguna circunstancia México permitirá la injerencia extranjera en asuntos internos, y puso en duda la legalidad de las acusaciones y de la primera solicitud de extradición de funcionarios en ejercicio. Para demostrar que consideró que las pruebas divulgadas públicamente por EE.UU. eran escasos, señaló un documento judicial que citaba una lista manuscrita de nombres y cantidades como prueba de soborno. “Un trozo de papel”, dijo.
“Lo que corresponde en un Estado de derecho no es avivar cacerías de brujas mediáticas ni utilizar acusaciones infundadas con multas políticas, sino exigir que cualquier autoridad que formule una acusación presente pruebas claras y verificables a través de los canales legales adecuados”, afirmó Jessica Saiden, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja del Congreso.
El propio Rocha Moya afirmó que ya había hablado con Sheinbaum y que ella le había expresado su apoyo, añadiendo que podrían reunirse pronto. “No va a pasar nada”, declararon los periodistas, según un video publicado por el medio local Radio Fórmula. Ha negado las acusaciones de que ayudó al Cartel de Sinaloa a cambio de apoyo político.
En cualquier caso, es probable que la acusación provoque repercusiones políticas inmediatas, según un informe de Alejandro Schtulmann, director de investigación de Empra, una empresa de análisis de riesgos.
“La acusación complica aún más la ya difícil posición de la presidenta Sheinbaum, obligándola a equilibrar la creciente presión de EE.UU. y las dinámicas internas dentro de Morena”, afirmó. “Por encima de todo, significa que ahora debe decidir si abordar la influencia persistente del expresidente Andrés Manuel López Obrador”.
Esta medida supone una de las acciones más decisivas de Trump contra funcionarios mexicanos hasta la fecha, añadió, pero es poco probable que sea la última. Las autoridades estadounidenses ya están investigando otros casos vinculados a un esquema de contrabando de combustible, así como otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.
A diferencia de anteriores desavenencias bilaterales, la presidenta mexicana ya no puede alegar que defiende la soberanía de su país mientras EE.UU. Ejerce presión sin que Washington perciba que está protegiendo a políticos vinculados a los cárteles, afirmó Carlos Bravo Regidor, escritor y analista político.
“Estados Unidos se cansó de enviar señales abiertamente”, señaló. “Extraditar miembros de los cárteles ya no es suficiente. están buscando 'narcopolíticos'”.
Sheinbaum se arriesga a una relación hostil con EE.UU. "En los próximos años si decide no tomarse en serio una investigación sobre las acusaciones planteadas en la acusación formal, una batalla política que realmente no se puede permitir", señaló Bravo Regidor.
Lisa Sánchez, analista de seguridad y justicia con sede en Ciudad de México, señaló que los acontecimientos recientes demuestran que la Administración Trump está dispuesta a ejercer una presión extraordinaria, aunque no utilice la fuerza militar directa, ya persigue la conexión entre delincuentes y políticos.
“Lo más importante es que las personas acusadas están ahora en el poder”, afirmó. “Eso es extraordinario”.
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