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La Comisión denunció que la compañía buscaba proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda como Google Search
La Abogada General Juliane Kokott propusó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tjue, que desestime el recurso de casación presentado por la tecnológica estadounidense sobre la multa de más de US$4.586 millones impuesta por la Comisión Europea en 2018. A raíz de esto, la acción de Google cayó -1,49% hasta US$173,32 tras la noticia de la espera de un fallo definitivo de la Comisión Europea a Google de la empresa Alphabet.
El Ejecutivo comunitario sancionó a Google por abuso de posición dominante tras detectar que, desde 2011, impuso a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores una serie de restricciones contractuales consideradas abusivas. La tecnológica los forzaba a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la compañía, Google Search y Chrome, como condición para conseguir una licencia de la tienda de aplicaciones Play Store.
Además, exigía que no vendieran dispositivos con sistemas operativos alternativos a Android que no estuvieran autorizados por la compañía.
Con estas prácticas, la Comisión denunció que Google buscaba proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general y sus ingresos fruto de anuncios publicitarios, fueron asociados a dichas búsquedas, aprovechándose para beneficiar su sistema operativo.
La presunta infracción dio lugar a una investigación antimonopolio que se tradujo en la multa más alta de la historia en este segmento.
Sin embargo, Google decidió llevar hasta el final su batalla y recurrió a la primera instancia de la justicia europea y, tras una sentencia contraria en 2022, solicitó el recurso de casación.
Según Google, esta Corte cometió errores “graves y fundamentales” de derecho que “castigaron a la compañía por su superioridad y atractivo”. Además, presentó el testimonio de compañías como Gigaset o HMD, que resaltaron los beneficios del sistema de licencias gratuitas de Android que contribuyeron a la competencia en lugar de restringirla a pesar de las condiciones contractuales.
Ahora, el proceso judicial parece entrar en su última fase. La opinión de Knott es que “la apreciación de los hechos y de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, que los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes”, expresó la abogada.
“La apreciación de los hechos y de las pruebas no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes”.
Para la Abogada, Google “ha ocupado una posición dominante en varios mercados del ecosistema Android y, de este modo, se ha beneficiado de efectos de red que le han permitido asegurarse de que los usuarios utilicen la app Google Search”. Con ello, asegura que la compañía logró acceso a datos con los que pudo mejorar sus servicios distanciándose más de la competencia. “Ningún competidor igualmente eficaz habría podido hallarse en tal situación”, concluyó.
Aunque la opinión de la Abogada General Knott no vincula a los jueces del Tribunal, estos dictámenes suelen ser muy influyentes.
La riqueza de los argumentos jurídicos expuestos por los Abogados Generales puede servir de base para la decisión final del Tribunal, que a menudo adopta una posición similar”, aseguraron desde el bufete de abogados Navas&Cusí.
Ahora los jueces del Tribunal comenzaron sus deliberaciones sobre este asunto y dirán si rechazan el recurso de Google y materializan la multa o si, sorprenden distanciándose de la Abogada General.
La Comisión Europea envió dos conjuntos de conclusiones preliminares a Alphabet por no cumplir con la Ley de Mercados Digitales, DMA, en relación con dos servicios para los que ha sido designada como guardián. En primer lugar, la Comisión Europea informó que ciertas características y funcionalidades de Google Search tratan los servicios propios de Alphabet de forma más favorable en comparación con los de la competencia, lo que no garantiza el trato transparente, justo y no discriminatorio de los servicios de terceros como lo exige la ley DMA.
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