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El proyecto busca fortalecer el proceso de identificación de proyectos elegibles, evitar el greenwashing y apoyar los mercados verdes
Recientemente, el Gobierno Nacional estableció una mesa institucional buscado unificar criterios de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales que responden a los compromisos, estrategias y políticas trazados en materia ambiental.
Al igual que la Taxonomía Verde de la Unión Europea, en Colombia nace por la necesidad de cumplir objetivos ambientales y climáticos, así como por el creciente interés por parte del sector público y privado de financiar proyectos que promuevan el cumplimiento de la agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los compromisos del Acuerdo de Paris y otras iniciativas en materia de sostenibilidad, de acuerdo con el presidente Iván Duque.
Asimismo, propone cuatro principales usos: reorientar los flujos de capital hacia sectores verdes; fortalecer el proceso de identificación de proyectos elegibles, así como facilitar la clasificación de instrumentos financieros denominados como verdes; homologar criterios para aumentar la transparencia y evitar el greenwashing; y apoyar el desarrollo, monitoreo y rastreo de mercados verdes.
Según el más reciente informe de Sostenibilidad de Asobancaria, uno de los retos identificados fue e distribución de las líneas verdes reportadas por las entidades financieras, dado que 52% de la cartera verde está registrada bajo una categoría específica, mientras que 48% del total de la cartera verde (correspondiente
a $5,3 billones) está integrada bajo la categoría de “otros”.
Por otra parte, se espera que la Taxonomía Verde para Colombia sea un mecanismo que se actualice y ajuste de forma periódica, partiendo de una agenda de trabajo que facilite su entendimiento e implementación. "Permitirá medir e incrementar la cartera verde que actualmente ronda los $11 billones y que representa 2,1% del total de la cartera del sector", indicó la entidad.
Es de destacar que también busca fortalecer el proceso de identificación de proyectos elegibles, evitar el greenwashing y apoyar el desarrollo de mercados verdes. La Taxonomía en su Fase I plantea ocho sectores: energía, manufactura, construcción, TIC, transporte, agua, residuos y Afolu (agricultura, ganadería y forestería), cada uno con diferentes actividades definidas para apoyar al logro de los objetivos ambientales y no hacer un daño significativo al mismo, que cumplen con diferentes criterios de elegibilidad y requisitos de cumplimiento.
La inclusión de una institución bancaria dentro del conglomerado cumple con las disposiciones de la Resolución Conjunta No. 17 emitida por el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, aseguró que el desarrollo de este proceso alcanza un valor, en libros, equivalente a unos $900.000 millones
El 10 de noviembre el indicador rompió los 2.000 puntos, y el 2 de diciembre superó los 2.100, impulsado por los resultados financieros de las empresas
