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Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales

lunes, 2 de mayo de 2016
Foto: Reuters
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Muchas de estas firmas, tal y como reconocen fuentes cercanas a estos bancos, apenas tienen actividad y se mantienen porque cuentan con emisiones vivas de preferentes que se lanzaron cuando la regulación española no permitía colocar este tipo de instrumentos de capital. Por ejemplo, Caymadrid, la filial de Bankia, tiene una operación de US$6 millones (cerca de €5,32 millones al cambio actual) que se vendió el 5 de junio de 2002 y vence en 2032. "Se ha intentado comprar esta deuda, pero el cliente (una aseguradora) no ha querido. Por ese motivo se mantiene la sociedad allí", señalan fuentes cercanas a la entidad. En el caso de Popular, fuentes del banco aseguran que la sociedad "se encuentra en proceso de extinción". BPE Preference International tiene en mercado una emisión de US$8 millones que se lanzó en 2000.

BBVA cuenta con un total de cinco sociedades, todas en las Islas Caimán, con un saldo vivo de deuda, entre subordinada y otros títulos de renta fija, de US$3.611 millones (dos del turco Garanti): BBVA International, BBVA Global Finance, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Como indica la entidad en las cuentas anuales consolidadas, "el grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de reducción del número de dichos centros en los que el Grupo está presente". De hecho, esa política se puso en marcha, como reconocen fuentes de la entidad, en 2004, tras los escándalos que provocaron la dimisión en bloque de la mayoría del consejo de administración del banco.

El caso de Santander es algo más complejo. Cuenta con un total de al menos 15 sociedades en territorios off shore (Islas Caimán, Isla de Man, Bermudas, Jersey o Guernsey), en las que trabajan 118 empleados. Además, gestiona desde Brasil una estructura situada en Islas Caimán, llamada Santander Brazil Global Investment Fund, y otra desde Reino Unido en Guernsey, denominada Guaranteed Investment Products. "Asimismo, participa directa o indirectamente en algunas inversiones financieras con residencia en paraísos fiscales, entre otras, Olivant Limited en Guernsey", señala el banco en su informe de 2015.

El banco asegura que cinco de estas sociedades están en proceso de liquidación y, en los próximos ejercicios, cerrarán otras cuatro. "Desde 2009, se ha reducido el número de entidades del grupo en paraísos fiscales por España en 27", señalan en el banco. España ha firmado en 2015 acuerdos de intercambio de información con Jersey, Guernsey e Isla de Man, que entrarán en vigor este año. Y se prevé que se firme otro con las Islas Caimán.

A todo esto se suman otras cinco sucursales de Santander, que dependen e integran su balance y cuenta de resultados en sus correspondientes matrices extranjeras, y otras en territorios off shore pero residentes a efectos fiscales en Reino Unido. De entre éstas, llama la atención una sucursal en las Islas Caimán, cuyos beneficios tributan en Brasil, que aportó US$413 millones al beneficio antes de impuestos de 2015.

Argumento

Los bancos españoles empezaron a emitir preferentes en los años 90, pero hasta 2003 no existía en España una regulación que permitiera lanzar estos valores desde sociedades constituidas en el país. Se generalizó el empleo de la jurisdicción de las Islas Caimán por su flexible ordenamiento, tanto desde el punto de vista societario como fiscal. Tal y como se incluye en un informe de Uría y Menéndez de 2004 sobre la materia, las cajas comenzaron a usar el mismo esquema (y la misma jurisdicción) a partir de 1998 y, en pocos años, se completaron decenas de emisiones que les permitieron, por primera vez desde muchos años, reforzar los recursos propios básicos por vías distintas al mero crecimiento orgánico.

Ya en 2003, el Banco de España, en su Memoria de Supervisión, alertaba a los bancos españoles de los riesgos reputacionales que supone operar en dichos centros radicados en paraísos fiscales.

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