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El escándalo que llevó a Interbolsa a la quiebra mostró la firmeza y contundencia que puede tener el Gobierno Nacional cuando de intervenciones se trata. En primera instancia, ante la noticia el Ministerio de Hacienda publicó un borrador del Decreto 2555 de 2010, que propone que se le devuelva a esta cartera la competencia en materia de regulación de operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.
La discusión sobre el modelo de autorregulación, que también se da en el escenario internacional, plantea incluir límites más estrictos y exigencias de mayor transparencia y revelación de información.
“Este proyecto eleva a rango de decreto los límites aplicables a las operaciones por cuenta de terceros y por especie, que estaban en la Circular de la Bolsa de Valores”, explicó el Ministerio.
Así mismo, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado varias investigaciones para establecer la presunta irregularidad en el manejo de los recursos por parte de la firma.
En este proceso, el ente acusador además de hacerle seguimiento a las operaciones de varias empresas, ha acreditado a las víctimas de las transacciones irregulares de la corredora de bolsa a través de una subdivisión especializada.
La indagación de la Fiscalía comenzó en noviembre luego de un informe que le presentó la Superintendencia Financiera y las primeras solicitudes de imputaciones se conocieron el pasado mes de mayo por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.
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