Los traslados de regímenes pensionales representan un costo actual de $6,3 billones

Este jueves se llevó a cabo ante la Corte Constitucional una audiencia pública virtual sobre el traslado de un fondo privado de pensiones a Colpensiones, la cual buscaba responder dudas sobre las razones estructurales para limitar el traslado de régimen a 10 años previo a la jubilación. Además, se pretende evaluar el impacto fiscal y su incidencia en el derecho a la seguridad social en pensiones, así como las controversias sobre la anulación de los traslados del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Allí, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Manuel Restrepo, aseguró que actualmente se encuentra en curso 43.277 demandas, de las cuales 39.941 tendrían el visto bueno judicial para efectuar el cambio que solicitan, costándole en la actualidad $6,3 billones al erario.

Sin embargo, la misma cartera proyecta que, bajo el panorama de aceptación de actos legales que buscan trasladarse de manera extemporánea, 223.306 demandas se presentarían a futuro, de las cuales 100% tendrían efecto e implicarían un impacto de $35 billones para las finanzas públicas.

Al respecto, Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, aseguró que “lo que pretende la restricción de diez años antes de la edad de pensión para cambiar de un sistema a otro, es mitigar los incentivos que puedan tener los afiliados para que, de manera deliberativa, incrementen sus ingresos, de tal forma que no corresponda a su realidad y condición laboral, esto teniendo en cuenta que la pensión de los afiliados es el resultado del promedio de lo que devengan durante los últimos años de trabajo”.

Restrepo agregó que, “los subsidios actuales están empeorando la distribución del ingreso en Colombia, lo cual se ve reflejado en un aumento del coeficiente de Gini (empleado para medir la desigualdad) gracias a que favorece a quienes reciben entre cuatro y 15 salarios mínimos”.

En contraposición, la senadora Angélica Lozano, resaltó la necesidad de que el sistema privado sea un complemento y no una competencia del público. “Hoy los fondos captan $20 billones de 17 millones de afiliados, de los cuales hay activos cerca de siete millones, pero que aun así ha pensionado a solo 156.436 trabajadores”.