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Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera
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Uno de los anuncios centrales fue la revisión al régimen de Ofertas Públicas de Adquisición, mecanismo clave para las transacciones de control empresarial en la Bolsa de Valores de Colombia
En el último día del Congreso Regional nuam Asobolsa, la directora de la Unidad de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera, dejó claro que 2025 será un año de ajustes normativos fundamentales. Su intervención en el Congreso nuam–Asobolsa giró en torno a tres ejes: el régimen de Ofertas Públicas de Adquisición, OPA, el acceso de las pymes al mercado de valores y la modernización del sector fiduciario.
Uno de los anuncios centrales fue la revisión al régimen de Ofertas Públicas de Adquisición, mecanismo clave para las transacciones de control empresarial en la Bolsa de Valores de Colombia. Según explicó, el objetivo es identificar fallas regulatorias y, tras un análisis de impacto normativo, proponer un decreto que ajuste las reglas actuales.
Con esta reforma, dijo, se busca dar mayor certidumbre a oferentes y emisores, al tiempo que se refuerza la protección de los inversionistas minoritarios. “Se trata de garantizar un marco competitivo, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales”, afirmó.
Otro de los puntos que destacó Higuera fue la necesidad de abrir el mercado a nuevos jugadores. En Colombia, las pymes enfrentan serias dificultades para financiarse a través del mercado de valores. Frente a ello, la URF trabaja en un régimen proporcional y flexible que facilite su ingreso.
“Queremos que el mercado no sea solo para grandes emisores, sino que también se convierta en un motor de crecimiento para pequeñas y medianas empresas”, explicó. La apuesta no es menor: ampliar las fuentes de financiamiento, diversificar emisores y, en el camino, fortalecer la cultura de inversión en el país.
El tercer frente expuesto por la directora apunta al sector fiduciario. La URF tiene listo un proyecto de decreto que propone un marco normativo transversal para contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios. La intención, detalló, es dar seguridad jurídica a los distintos actores, incentivar la innovación y asegurar una mejor protección al consumidor financiero.
“Queremos que las fiduciarias actúen en sectores donde su gestión profesional de recursos y riesgos es determinante”, precisó Higuera.
La directora aprovechó el espacio para recordar avances previos, como el decreto 279 de 2024, que introdujo mayor liquidez y flexibilidad al mercado de capitales. Y subrayó que cada paso ha sido producto de un trabajo conjunto con la industria: “Las normas no pueden ser solo jurídicas, deben tener sentido comercial y aplicarse de forma práctica”, dijo.
Higuera insistió en que la reforma a las OPA y el nuevo régimen para pymes y fiduciarias buscan una sola cosa: modernizar la regulación para hacer del mercado de valores un espacio más eficiente, competitivo y cercano a los inversionistas.
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