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Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, destacó que en el primer trimestre del próximo año se consolidará la arquitectura normativa del sector
La próxima semana se llevará a cabo el Congreso de Asofiduciarias en su décimo tercera edición, pero esta vez tendrá un foco especial en el rol del sector como articulador de los proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto. Germán Arce, presidente de la asociación, explicó cuáles serán los demás temas transversales que se abordarán, con la meta de recuperar la inversión pública y privada.
A septiembre de 2026, la administración de activos creció a una tasa anual de 11,3%. Los Fondos de Inversión Colectiva y la custodia de inversión extranjera de portafolio tuvieron un gran desempeño impulsados por las tasas de interés elevadas. Por el contrario, la fiducia inmobiliaria ha permanecido estancada tras la culminación de Mi Casa Ya. Actualmente, la industria administra cerca de $1.200 billones distribuida en 25.000 negocios y 2,75 millones de clientes.
Los ejes principales son el análisis de la economía, la política fiscal y la política monetaria, los desafíos para recuperar la inversión pública y privada en el país. El evento se reprogramó tras el terremoto del 10 de agosto para incorporar un capítulo central sobre la reconstrucción del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, contará con la participación del Gobierno nacional, entes territoriales, fundaciones y expertos. Se analizarán los avances en la regulación del sector y los retos como articuladora de ahorro e inversión.
Reconstruir el país es también reconstruir la confianza en su futuro. La reconstrucción de un territorio tan amplio exige la articulación del Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado y el sistema financiero. Aunque las fiduciarias no construyen viviendas ni infraestructura directamente, gestionan financieramente los proyectos asegurando transparencia, trazabilidad y control de los recursos.
Las primeras gestiones se han enfocado en estructurar vehículos fiduciarios para canalizar las donaciones del sector empresarial, como las impulsadas por la Andi. Las fiduciarias administran estos mandatos con reglas transparentes para que luego constructoras y desarrolladores ejecuten las obras. El saldo de las donaciones recaudadas supera los $1,2 billones, pero los daños totales estimados por el Gobierno se acercan a $29 billones, entonces es un monto grande pero no es suficiente. Por ello, se requiere sumar recursos del Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos territoriales y el capital privado.
Cuantificarlo con exactitud es difícil porque el servicio fiduciario es voluntario. Sin embargo, la certeza jurídica permitirá a las fiduciarias asumir un porcentaje sustancial de los $29 billones requeridos para los proyectos de reconstrucción post-terremoto.
El proyecto de “arquitectura normativa” es un proceso en el que se ha trabajado durante cinco a seis años, y la nueva normativa delimita con claridad cuáles responsabilidades corresponden a la fiduciaria y cuáles corresponden a terceros ejecutores de proyectos, como los constructores. Está programada en la agenda regulatoria con la Superintendencia Financiera para concluir al cierre del primer trimestre de 2027, momento en que finalizará la actualización de la Circular Básica Jurídica.
“La reconstrucción va a requerir movilizar recursos con confianza y visión de largo plazo, tenemos el reto de que más familias vean la inversión como una forma de construir patrimonio”.
El objetivo principal debe ser recuperar la inversión pública y sobre todo privada, que no genera déficit fiscal. Las oportunidades del sector están ligadas a los proyectos de infraestructura de quinta generación, el sector energético y minero, así como a las Obras por Regalías y Obras por Impuestos.
El Plan Nacional de Desarrollo definirá las prioridades. Atraer inversión privada exige estabilidad jurídica, regulatoria y tributaria. La propuesta del Ruge, Régimen Único de Garantías y Estabilidad, es importante, da señal de estabilidad a la inversión.
Es positivo que el Gobierno envíe un mensaje claro para atender la situación fiscal. Hay una señal ambiciosa desde el punto de vista tributario, no tanto desde el recorte de gasto, creo que los inversionistas estaban esperando un esfuerzo un poco más grande. Hay señales contradictorias como la sobretasa del sector financiero, tiene un tratamiento diferencial de los demás sectores, siendo uno de mayor contribución en el impuesto de renta.
Brindar reglas de juego estables para proyectos con horizontes de inversión a 20 años y evitar modificar las normas tributarias cada dos años.
Economista de la Universidad del Valle, magíster en International Securities, Investment and Banking de la Universidad de Reading. Tiene más de 30 años de experiencia, 18 en el sector financiero y mercado de capitales en bancos como: Hsbc, ABN Amro Bank, Banco Santander y Corficolombiana.
Ha sido Ministro de Minas y Energía, gerente del Fondo Adaptación, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, viceministro de Hacienda y director general de Crédito Público, presidente del Consejo Gremial Nacional. Es Miembro Independiente de la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica y Director Independiente de Aris Mining.
Ha integrado también los órganos directivos de importantes entidades como Isagen, la Financiera de Desarrollo Nacional y Fiduprevisora. Asimismo, hizo parte de los consejos directivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad de Planeación Minero Energética y el Servicio Geológico Colombiano. Adicionalmente, se desempeñó como presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otros cargos de liderazgo en el sector energético, minero e infraestructura.
La inversión de capital que recibió la empresa fue de US$15 millones, con los que espera centrarse en su expansión en Colombia
Carlos Sánchez, CEO de BMI Seguros Colombia, destacó que se apoyarán en la tecnología para facilitar, agilizar y optimizar los procesos operativos internos
El proyecto busca ofrecer oportunidades de comercialización a más de 12.000 pequeños negocios en lugares como Pereira y Cartago
