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Este proceso podría darse mediante cualquier mecanismo a cambio de acciones. La necesidad de nuevo nivel de capital motivo la decisión
Positiva Compañía de Seguros nació en 2008, luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguro Social a La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros. Dicho convenio fue suscrito entre ambas entidades, incluyendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Salud y Protección Social, con lo cual quedó establecida bajo el dominio estatal.
Sin embargo, con el artículo 124 del Presupuesto General de la Nación de 2022 se abre la posibilidad para que se convierta en una empresa de propiedad mixta. En este se autoriza a la Nación a capitalizar en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial a dicha compañía. Según quedó en el documento, esta empresa podría emitir acciones ordinarias por su valor intrínseco debidamente certificado.
Pese a que la opción podría llevar a que Positiva termine en manos mayoritarias del sector privado, el viceministro de Hacienda, Jesús Antonio Bejarano, resaltó que esta transacción se daría mediante cualquier mecanismo a cambio de acciones, “lo cual no implica ningún proceso de privatización o democratización, ya que se rige por la Ley 226 de 1995 y la autorización de la SFC y los colegiados de la cartera”.
Entre otras disposiciones que comprende la normativa, se establece que “la enajenación de la participación accionaria estatal se hará en condiciones que salvaguarden el patrimonio público”.
“Este fortalecimiento se daría mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento a cambio de acciones, lo cual no implica ningún proceso de privatización o democratización”.
Bejarano resaltó que “dentro del presupuesto de la vigencia se incluyó una partida por $75.000 millones para este propósito”.
Este proceso se estaría desarrollando con el fin de cumplir con nuevos requerimientos de capital determinados por el Gobierno en 2019 y por la Superfinanciera en 2020. Estas normativas resultarían en una disminución del saldo de su patrimonio técnico por $377.251 millones en cinco cuotas anuales a partir de 2020, por lo cual se buscaría mitigar su impacto.
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