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En 2009, un grupo de personas demandó al Estado debido a que algunas empresas captaron de forma ilegal su dinero. Según ellos, hubo una omisión de parte de las autoridades estatales porque en su criterio debieron evitar estas acciones.
Los demandantes exigían alrededor de $20 billones correspondientes a. Los recursos entregados a la captadora, los intereses que les prometieron y al perjuicio moral que padecieron.
"El juez encontró que es responsabilidad de las personas que invierten en estos esquemas piramidales sean responsables de sus actos. En este caso, se vieron afectadas 73.611 personas por un monto de $20 billones", indicó Luis Guillermo Vélez, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Por su parte, el superintendente financiero, Jorge Castaño, aseguró que de las 564 demandas presentadas contra el organismo desde 2008 por temas de capacitación ilegal cerca de 270 han terminado con sentencia favorable, de las cuales 70 han sido fallos en primera estancia.
"294 procesos todavía están por definirse lo que representa $22,4 billones", explicó.
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