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90 días es el tiempo de mora que deben tener las obligaciones para cumplir uno de los requisitos de insolvencia.
Bravo, Solvi, FinUp y otras firmas de abogados ofrecen servicios de negociación de deudas, con requisitos de ingreso y descuentos que varían según cada compañía
Las deudas pueden convertirse en una carga financiera cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las cuotas de los créditos, las tarjetas de crédito y otras obligaciones. Para quienes acumulan pagos vencidos o tienen dificultades para responder por sus compromisos, existen empresas privadas que ofrecen acompañamiento para negociar los saldos pendientes y reorganizar pagos. Desde $2 millones, puede negociar sus deudas en el sistema.
Una de estas compañías es Bravo, plataforma especializada en la negociación y liquidación de obligaciones en mora. De acuerdo con su balance de impacto de octubre de 2026, la deuda promedio de sus usuarios se ubicó en $35,6 millones durante el segundo semestre del año, frente a $35,64 millones registrados en la primera mitad del periodo.

Su modelo consiste en analizar la situación económica del usuario, establecer un plan de ahorro de acuerdo con su capacidad de pago y negociar con los acreedores para conseguir descuentos.
Según sus requisitos publicados, pueden ingresar personas con deudas desde $5 millones, correspondientes a créditos personales, tarjetas de crédito u obligaciones con almacenes de cadena, que tengan más de tres meses de retraso.
La empresa anuncia descuentos de hasta 50%, aunque aclara que el porcentaje depende de cada negociación y que la decisión final corresponde al acreedor. Su programa contempla cobros de inscripción, una comisión mensual y una comisión de éxito cuando se consigue una reducción de la obligación crediticia.
Solvi es otra alternativa con la que pueden contar los colombianos. La empresa presta servicios de asesoría, gestión y negociación de deudas para personas con obligaciones financieras o de consumo en mora.
Su programa comienza con una evaluación de las obligaciones y de la capacidad económica del usuario. A partir de ese diagnóstico, establece un plan de ahorro y adelanta gestiones con los acreedores para conseguir alternativas de pago.
Solvi permite registrar obligaciones desde $2 millones, sujetas a evaluación. La compañía no presta dinero ni recibe los recursos destinados a liquidar las obligaciones: el ahorro permanece en una cuenta bajo el control del cliente y los pagos se realizan directamente al acreedor o gestor autorizado, una vez aceptada la propuesta.
Otra entidad es FinUp Colombia, una plataforma que ofrece servicios de normalización y negociación de obligaciones. Su modelo contempla una asesoría inicial, el análisis de la situación financiera del usuario y la gestión de acuerdos con las entidades acreedoras.
La compañía anuncia descuentos de hasta 60% y ofrece acompañamiento para mejorar el comportamiento crediticio y obtener los documentos que acrediten la liquidación de las obligaciones. Este porcentaje corresponde al máximo promocionado por la empresa y no representa un descuento promedio garantizado.
Por su parte, Ceta Soluciones ofrece asesoría jurídica y financiera para personas con dificultades económicas. Entre sus servicios están la negociación de deudas, el acompañamiento en procedimientos de insolvencia y la revisión de reportes negativos en centrales de información crediticia. Desde su página web, la firma reporta más de 200 personas asesoradas en negociación de deudas y más de 70 casos de insolvencia.
Otras firmas jurídicas, como Racs Asesorías, Insolvencia.co, Ruhe Abogados y Castañeda & Asociados, ofrecen acompañamiento para negociar deudas y acceder a procesos de insolvencia de personas naturales y pequeños comerciantes. Sus servicios incluyen conciliación con acreedores, revisión de la situación financiera y representación legal; algunas también ofrecen una primera valoración gratuita.
La Ley 2445 de 2025 permite negociar deudas mediante el régimen de insolvencia, siempre que se cumplan requisitos como tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días y que representen al menos 30% del pasivo. Antes de contratar una firma, se recomienda revisar sus honorarios y condiciones, pues los descuentos no están garantizados.
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