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En este sentido, la “inflación regulatoria” se ha convertido en un requerimiento que eleva los costos para las entidades bancarias y la inclusión financiera, pero que no prevé un balance entre las cargas operativas y los beneficios que trae para el sector, más allá de la adaptación de los estándares de reglamentación financiera globales.
Esto quiere decir que a causa de las regulaciones excesivas, como el impuesto a la transacciones financieras como el 4X1.000, los bancos han perdido en 2,5% del PIB su capacidad de préstamo, es decir, que solo llegan hasta 43,9%. La cifra sin esta regulación alcanzaría a ser de 46,4%.
En este sentido, Anif destaca que tanto el cumplimiento como la implementación de las regulaciones representan costos más elevados para el sector bancario, sin antes permitirle conocer los beneficios de su implementación.
Así mismo, de acuerdo con el informe, la implementación de la tasa de interés máxima regulada es considerado el aspecto que tiene mayor costo entre la reglamentación. Para Anif, los sobrecostos tienen algunas consecuencias como el drenaje de cuantiosos recursos que afectan los estados financieros de la banca y a su vez, disminuyen el presupuesto de inversión del sector bancario que se destina a proyectos de investigación y desarrollo para promoción de la inclusión financiera.
Este último aspecto, según Anif, eso le resta a la banca competitividad internacional y desincentiva sus decisiones de inversión.
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