Ni tuits ni tarifas: cabeza fría para blindar empleo y confianza

La relación Colombia-Estados Unidos no es una anécdota del día, es la columna vertebral de nuestro comercio, la inversión y la cooperación. Más de dos siglos de vínculos demuestran que las crisis se resuelven con serenidad, evidencia y respeto institucional. La coyuntura actual exige exactamente eso: cabeza fría, canales abiertos y una agenda técnica verificable para que la disputa política no termine cobrándose en la economía real.

Reducir esta relación a un choque de declaraciones es un lujo que el país no puede darse. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y el mayor inversionista extranjero; de esos lazos dependen más de cinco millones de empleos en Colombia. Detrás de cada contenedor hay familias. Cerca de 40% del café colombiano se vende en ese mercado y el sector floricultor sostiene más de 200.000 puestos, en su mayoría ocupados por mujeres cabeza de hogar. En manufacturas, agroindustria y servicios, miles de pymes integran cadenas de valor binacionales que prosperan cuando hay reglas claras, previsibilidad y cooperación.

Por eso, cualquier medida unilateral -aranceles, frenos regulatorios o recortes de cooperación- se traduce en costos inmediatos, como la pérdida de competitividad frente a terceros, caída de pedidos, estrés de caja y freno a la inversión.

No es un debate abstracto pues cuando hablamos del precio de la canasta familiar y de la continuidad del empleo en regiones cafeteras, floricultoras y de confecciones.

La economía es clara y cuando sube la incertidumbre, sube el costo del financiamiento y bajan los proyectos.

¿Qué hacer entonces? Volver a los canales diplomáticos, activar de inmediato los mecanismos bilaterales y acordar una hoja de ruta de 180 días con metas medibles en cooperación, trazabilidad y reducción de la oferta criminal, proteger el frente económico, facilitar comercio con ventanillas únicas e inspección basada en riesgo, despejar cuellos de botella logísticos, mantener criterios técnicos en reglas de origen, sanidad e inocuidad. También blindar la inversión, enviar mensajes claros de seguridad jurídica, estabilidad normativa y respeto a los contratos para que los proyectos sigan adelante.

Hay tareas concretas del lado público y del privado. Gobierno y Congreso deben coordinar mensajes, evitar la improvisación y convocar mesas técnicas por sectores para priorizar medidas de alto impacto y bajo costo. El empresariado puede acelerar diversificación de mercados, seguros de crédito a la exportación, coberturas cambiarias y certificaciones que reduzcan fricción aduanera. La banca de desarrollo y las agencias de promoción deben financiar la adaptación y respaldar a pymes exportadoras que hoy sostienen empleo formal en cientos de municipios.

Colombia no puede pasar de ejemplo a paria por una disputa mal gestionada. Nuestra reputación -legalidad, apertura y cumplimiento- se defiende con hechos, con resultados contra el narcotráfico, facilitación para exportar y un trato respetuoso entre gobiernos. La diplomacia no es concesión, es una tecnología de reducción de riesgos. Si hacemos la tarea, preservaremos empleos, atraeremos capital y mantendremos a Colombia en la ruta de crecimiento que millones de hogares necesitan. Si no, el costo lo pagarán los bolsillos de la gente.

Cabeza fría, plan claro y respeto institucional es la fórmula para superar la coyuntura y proteger una relación que, más que histórica, es vital para nuestro futuro compartido.